La IGP Jamón Serrano se reactiva y tendrá que enfrentarse al veto europeo: «Si supera la fase nacional, Francia, Portugal e Italia se opondrán»
Los productores andaluces mantienen su oposición ante el nuevo paso legal que da el Ministerio, que inicia de nuevo el expediente para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El proceso para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón Serrano vuelve a encallarse en el trámite nacional. Tras la sentencia dictada el pasado mes de enero, que estimó la existencia de un defecto de forma en la tramitación, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó recientemente el Real Decreto que obliga a retrotraer las actuaciones. El motivo: la ausencia de unos informes preceptivos sobre marcas previas que el Ministerio de Agricultura debe ahora recabar y valorar.
La estimación del defecto de forma se ampara en el Real Decreto 1335/2011 (específicamente en su artículo 7). Esta normativa exige que, al tramitar una figura de calidad como una IGP, se aporten informes tanto de la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM) como de la EUIPO (antigua OAMI, a nivel de la Unión Europea).
Esto, que supone un ‘paso atrás’ en el proceso de creación de la IGP, da ciertas esperanzas a los jamoneros andaluces que sí están amparados bajo una IGP. En concreto, los de Trevélez y los de Serón. Los primeros, los más activos en la oposición a la figura impulsada por Anice (Asociación Nacional de Industrias de la Carne), ha recibido el cumplimiento de la sentencia con un sabor agridulce, pues lamenta que no haya ido «al fondo de la cuestión».. «Cada día que pasa es un día que el registro de la IGP ‘Jamón Serrano no avanza’, y los que tienen prisa son ellos. Sin embargo, este proceso en el trámite nacional nos está costando dinero a los que nos oponemos», señala Pilar Álvarez, presidenta del Consejo Regulador de la IGP de Trevélez.
Ahora, se abre un nuevo escenario en el que los jamoneros granadinos seguirán defendiendo su postura: la IGP Jamón Serrano devalúa el producto y obvia lo «esencial» de una Indicación Geográfica Protegida. «Si los jamones que se hagan en un polígono industrial van a tener el mismo sello que los que se hacen en un entorno rural y determinado, ¿qué sentido tendrá?», lamenta Álvarez.
La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Agricultura, que deberá recopilar los informes de las distintas entidades para evaluar si las marcas existentes suponen un impedimento real. Si el departamento que dirige Planas considera que las marcas previas no son un obstáculo relevante, publicará una nueva resolución en el BOE para reanudar el registro y dar continuidad al expediente.

El paso europeo
Si el expediente, de esta forma, logra superar la fase nacional y llega a la Comisión Europea, el conflicto cambiará de escala, pues entonces no serán los productores españoles los que podrán oponerse, sino que le tocará el turno a otros países productores europeos, como Francia, Portugal e Italia, cuyas figuras de calidad homólogas también se sienten amenazadas por el actual planteamiento de la industria española.
«Sabemos que el resto de países europeos están en contra de la IGP impulsada por el Ministerio junto con Anice y lo consideran un despropósito, y eso nos da ciertas esperanzas de que no salga adelante», comenta Álvarez que, sin embargo, se centra primero en la ‘fase nacional’ de la figura de calidad.
Los argumentos de la IGP Trevélez
Los jamoneros de Trevélez sostiene que la IGP Jamón Serrano «devalúa las figuras de calidad diferenciada», supone un «engaño al consumidor» y perjudica a los pequeños productores situados en zonas rurales, en este caso la Alpujarra de Granada, donde esta actividad genera empleo y evita el despoblamiento.
Mantienen que la expresión ‘Jamón Serrano’ «no es una indicación geográfica» ni «un nombre que sirva para identificar un producto como originario de un territorio concreto». Y es que «la zona de elaboración delimitada en el pliego de condiciones abarca todo el territorio de España» y, según sostienen, «es tan absurdamente amplia que adolece de la necesaria homogeneidad que justifique la existencia de un vínculo entre el producto y el medio geográfico en el que se elabora».
Así, «el pliego de condiciones actual permite la elaboración de la IGP ‘Jamón Serrano’ en cualquier punto de la geografía española, incluidas las islas, olvidándose de cualquier criterio técnico en la delimitación de la zona y cualitativo en las características del producto resultante».
Los productores del Jamón de Trevélez consideran por tanto que la IGP Jamón Serrano por sí misma «resultará engañosa para los consumidores», pues su expectativa ante la expresión ‘Jamón Serrano’ que, «además iría ligada al sello IGP, será la de estar ante un jamón elaborado en la sierra y secado en ambiente natural, cuando en realidad el pliego de condiciones permitirá la certificación de jamones no elaborados en la sierra y secados haciendo uso de aparatos de control artificial de la temperatura ambiental».
Comparar la sierra con un matadero industrial
La creación de la nueva IGP , dicen los granadinos, conllevaría una fuga de población de la comarca granadina, donde el producto porcino es el motor económico, y afectaría a las más de 300 personas que conforman el sector. En 2019, según datos del Ministerio, se vendieron 203.023 jamones de Trevélez en España, solo superado por el Jamón de Teruel y dejando a un lado los ibéricos.
«Nuestro jamón se cura a 1.200 metros, bajo el aire frío y con unas razas de cerdo muy concretas», desvela Álvarez. «Sin embargo, la IGP Jamón serrano permitirá que el jamón que se hace en la costa o en un secadero artificial tenga el mismo sello que nosotros, ¿cómo vamos a competir contra eso? Si a los productores les sale más barato elaborar un jamón en un polígono al pie de la autovía, y obtienen el mismo sello, se irán de aquí», insiste.