Tras más de un año de batalla campal con intereses multimillonarios en juego, el Congreso de Estados Unidos completó ayer la tramitación de la reforma financiera auspiciada por la Administración Obama. La Cámara Alta fue capaz de sumar los 60 votos requeridos para evitar el bloqueo de la oposición conservadora, gracias al decisivo respaldo de tres senadores republicanos moderados, incluido el novicio Scott Brown que ahora ocupa el escaño de Ted Kennedy.
El texto de 2.300 páginas, respaldado el mes pasado por la Cámara Baja con 237 votos a favor y 192 en contra, será promulgado en breve por el presidente Obama que pese a sumar grandes reformas en su historial no consigue todavía superar el lastre generado por las incertidumbres económicas de Estados Unidos. Tras la firma en la Casa Blanca, el gran reto será la aplicación de las nuevas reglas que según Wall Street reducirán sus márgenes de beneficio.
Lecciones del «subprime»
La conocida como Ley Dodd-Frank (en honor de sus timoneles del Partido Demócrata: el senador Christopher Dodd y el diputado Barney Frank) aspira a poner en práctica las dolorosas lecciones aprendidas en torno a la crisis del «subprime», el colapso hace 22 meses de Lehman Brothers y todas sus ramificaciones internacionales. El nuevo marco legal incluye desde una profunda reestructuración de los actuales poderes de control hasta mayores protecciones para los consumidores de productos financieros, en parte a través de una nueva agencia con amplios poderes.
Además, la legislación impone mayores requisitos de capitalización a la banca y facilitará la liquidación de instituciones en apuros que hasta ahora han sido rescatadas bajo el argumento de ser «demasiado grandes para caer». Entre los aspectos más polémicos figura la limitación a las operaciones especulativas de los bancos con sus propios fondos. La reforma también impondrá una supervisión más estrecha del mercado de derivados.
La Reserva Federal también aumentará su capacidad de supervisión y será sometida a los mayores niveles de transparencia en sus 96 años de historia. Los cambios llegarán a las agencias de calificación de crédito, que se verán sometidas a una nueva entidad para dirimir polémicos conflictos de intereses.
