PSOE y PP mostraron ayer sus dudas ante la solución que IU quiere dar a las viviendas ilegales más afectadas por la riada: a los dueños se les ofrecería permutar su casa, siempre que se declare su inhabitabilidad por motivos de seguridad, por una VPO de alquiler, cuya renta tendrían que abonar. Además, deberían pagar el derribo de la vivienda levantada sin permiso. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara rechazó esta fórmula, pero matizó que quiere una propuesta por escrito para tomar una decisión definitiva.
En las filas del socio de gobierno, el secretario provincial del PSOE y alcaldable por Córdoba, Juan Pablo Durán, dejó patente sus recelos hacia este programa de permutas, avanzado ayer por ABC. Su formación acepta esta medida si es una más para atender «emergencias sociales» que se dan en la ciudad, por distintos motivos. «Si es así, no es novedoso. Es dar cobertura a unas reclamaciones en igualdad de condiciones a las de otros ciudadanos», dijo.
Ahora bien, si, como todo apunta, es una actuación de calado urbanístico, «habrá que hacer un análisis más profundo para tener una opinión bien formada. Debería estudiarse en los órganos que competan y con informes». Y es que Durán confesó sus dudas sobre el alcance de la propuesta. Así, aludió a una intervención que tuvo ayer el edil de Urbanismo, Francisco Tejada (IU), en Radio Córdoba en la que apuntó que la normativa plantea «situaciones de carácter excepcional» que permiten este tipo de permutas. Por ello, el alcaldable del PSOE sostuvo que espera a ver «concretada» la iniciativa para saber «si me ciño a la explicación que ha dado Tejada dentro de las posibilidades de emergencia social del Ayuntamiento o si lleva aparejada condicionantes que la hacen a la situación de la riada ser más excepcional que el resto de emergencias sociales de la ciudad». «Eso necesitamos que se nos concrete. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué unos son más excepcionales que otros», sentenció.
Solicitud de Al-Zahara
Sí fue rotundo al expresar su desagrado con que esta propuesta no se le hubiera comunicado al PSOE, que la conoció por los medios: «Me sorprende que una iniciativa de este calado no se haya debatido antes en el seno del gobierno municipal».
En el PP, también hay recelos. El viceportavoz del grupo municipal popular, Miguel Ángel Torrico, se preguntó «por qué no plantearon este tipo de soluciones antes. Llevan por IU gobernando 11 años». No obstante, si al PP le hacen llegar propuestas «serias, coherentes y posibles y no de campaña», las estudiará. De hecho, mostró su temor a que esta última medida sea electoralista. «A falta de cinco meses para las municipales, hacen este tipo de anuncios cuando han podido hacerlo durante 11 años. Nos permitirán que lo pongamos entre paréntesis», acabó.
Donde directamente el programa de permutas cosechó un «no» fue en la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara. Su vicepresidente y responsable del área de Periferia en este colectivo, Emilio Góngora, sostuvo que la medida «no es ni la más adecuada ni la más idónea». Añadió que es una fórmula que, a su juicio, supone que los propietarios de viviendas ilegales se vayan a ir «con una mano delante y otra detrás después de haber invertido los ahorros de su vida» en sus casas.
Góngora reconoció que estos propietarios incurrieron en una responsabilidad por levantar sus hogares en una zona donde no está permitido, pero sostuvo que los políticos también tienen su parte de culpa en lo sucedido por «haber permitido» las parcelaciones ilegales. «¿Toda la culpa es del mismo? Habrá que compartir responsabilidades», reflexionó. No obstante, indicó que «queremos una propuesta por escrito para tomar una decisión final en la Federación».
Luego, sostuvo que, si se pretende que estas familias dejen la ribera del Guadalquivir, se debe hacer «ordenadamente y negociando» como sucedió en el proceso de expropiaciones de parcelas ilegales del aeropuerto, donde, recordó, las propiedades «estuvieron bien pagadas».
Por su parte, parcelistas de a pie, consultados ayer por ABC en Fontanar de Quintos, zona afectada, también rechazaron las permutas.
Por último, Ecologistas en Acción indicó que el programa «no nos parece mal». Eso sí, advirtió de que esta medida, que afectaría sólo a las viviendas más dañadas, es «totalmente insuficiente» ante el gran número de casas ilegales afectadas por las inundaciones, cuya demolición exigen.
