Tensión en los rostros. Sonrisas forzadas. Decenas de flashes de cámaras fotográficas. Y una sala abarrotada de periodistas, pese a ser convocados con tan solo dos horas de antelación. Este fue el escenario en el que la vicepresidenta económica, Elena Salgado y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, presentaban en la tarde de ayer el nuevo plan del Gobierno para reforzar el sector financiero español y disipar las dudas sobre su solvencia.
Un plan que, al final del camino, prevé que el Estado se convierta en accionista de las entidades en apuros, de aquellas que no sean capaces de cubrir las nuevas necesidades de capital que se les van a exigir. Pero eso sí, para recibir la ayuda pública previamente tendrán que convertirse en bancos. El Estado permanecerá como accionista de estas entidades como mucho durante cinco años, y después se desprenderá de esas participaciones.
La vicepresidenta Salgado explicó que, según los cálculos del Banco de España, las necesidades de capitalización de las entidades financieras españolas serán, como máximo, de 20.000 millones de euros, dos puntos del PIB. Y eso, asegura Salgado, no significa que el Estado, a través del FROB, vaya a poner automáticamente esos 20.000 millones. En teoría solo pondría aquella parte que las entidades no puedan conseguir en los mercados.
En cuanto al efecto de estas ayudas públicas en el déficit del Estado, Salgado explicó que aunque se compren participaciones, o lo que es lo mismo, se nacionalice parte del sector financiero, esas ayudas no computan como déficit, sino que engrosarán la deuda pública en un máximo de dos puntos del PIB. A su juicio esta cifra no es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que en 2010 las cifras de deuda han sido inferiores a las previstas por el Ejecutivo.
La vicepresidenta dibujó el nuevo escenario y el nuevo calendario para el proceso de reestructuración financiera.
¿Hacia el final de las cajas?
En el mes de febrero el Ejecutivo aprobará un real decreto para fijar las nuevas condiciones de saneamiento que se exigirán a las cajas de ahorros. Finalmente se ha impuesto la tesis del Banco de España. Pese a las voces del sector, de la oposición, de los sindicatos y del propio Ministerio de Economía, en las que se negaba la necesidad de una reforma legal para acelerar esta reestructuración y aumentar la solvencia del sector, el presidente Rodríguez Zapatero ha atendido a las peticiones del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez y ha optado por el cambio regulatorio.
Una de las principales novedades del nuevo escenario serán las mayores exigencias de «core capital» (capital más reservas). De forma general se exigirá un mínimo del 8% de los activos ponderados por riesgo, y esta cifra será superior para aquellas entidades que no coticen o no tengan presencia significativa e inversores privados y, además, presenten una dependencia de los mercados de financiación mayorista.
Se dará de plazo hasta septiembre para que las entidades financieras capten el capital necesario para llegar al nuevo nivel requerido. Y en ese mes, el Banco de España estudiará la situación de cada entidad y determinará qué bancos o cajas mantienen necesidades de capitalización.
Y llegados a este punto, el Gobierno autorizará al FROB a comprar acciones ordinarias, con derechos políticos de estas entidades en apuros. Pero si quien tiene problemas es una caja, para recibir la ayuda estatal previamente tendrá que convertirse en banco. Hay quien ve en esta exigencia el principio del fin de las cajas de ahorros. Otros expertos echan de menos en este nuevo plan que no se obligue a las cajas a aflorar sus pérdidas. Si no se hace, ningún accionista privado querrá entrar en el capital, advierten. Solo el sufrido contribuyente.
Tensión en los rostros. Sonrisas forzadas. Decenas de flashes de cámaras fotográficas. Y una sala abarrotada de periodistas, pese a ser convocados con tan solo dos horas de antelación. Este fue el escenario en el que la vicepresidenta económica, Elena Salgado y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, presentaban en la tarde de ayer el nuevo plan del Gobierno para reforzar el sector financiero español y disipar las dudas sobre su solvencia.
Un plan que, al final del camino, prevé que el Estado se convierta en accionista de las entidades en apuros, de aquellas que no sean capaces de cubrir las nuevas necesidades de capital que se les van a exigir. Pero eso sí, para recibir la ayuda pública previamente tendrán que convertirse en bancos. El Estado permanecerá como accionista de estas entidades como mucho durante cinco años, y después se desprenderá de esas participaciones.
La vicepresidenta Salgado explicó que, según los cálculos del Banco de España, las necesidades de capitalización de las entidades financieras españolas serán, como máximo, de 20.000 millones de euros, dos puntos del PIB. Y eso, asegura Salgado, no significa que el Estado, a través del FROB, vaya a poner automáticamente esos 20.000 millones. En teoría solo pondría aquella parte que las entidades no puedan conseguir en los mercados.
En cuanto al efecto de estas ayudas públicas en el déficit del Estado, Salgado explicó que aunque se compren participaciones, o lo que es lo mismo, se nacionalice parte del sector financiero, esas ayudas no computan como déficit, sino que engrosarán la deuda pública en un máximo de dos puntos del PIB. A su juicio esta cifra no es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que en 2010 las cifras de deuda han sido inferiores a las previstas por el Ejecutivo.
La vicepresidenta dibujó el nuevo escenario y el nuevo calendario para el proceso de reestructuración financiera.
¿Hacia el final de las cajas?
En el mes de febrero el Ejecutivo aprobará un real decreto para fijar las nuevas condiciones de saneamiento que se exigirán a las cajas de ahorros. Finalmente se ha impuesto la tesis del Banco de España. Pese a las voces del sector, de la oposición, de los sindicatos y del propio Ministerio de Economía, en las que se negaba la necesidad de una reforma legal para acelerar esta reestructuración y aumentar la solvencia del sector, el presidente Rodríguez Zapatero ha atendido a las peticiones del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez y ha optado por el cambio regulatorio.
Una de las principales novedades del nuevo escenario serán las mayores exigencias de «core capital» (capital más reservas). De forma general se exigirá un mínimo del 8% de los activos ponderados por riesgo, y esta cifra será superior para aquellas entidades que no coticen o no tengan presencia significativa e inversores privados y, además, presenten una dependencia de los mercados de financiación mayorista.
Se dará de plazo hasta septiembre para que las entidades financieras capten el capital necesario para llegar al nuevo nivel requerido. Y en ese mes, el Banco de España estudiará la situación de cada entidad y determinará qué bancos o cajas mantienen necesidades de capitalización.
Y llegados a este punto, el Gobierno autorizará al FROB a comprar acciones ordinarias, con derechos políticos de estas entidades en apuros. Pero si quien tiene problemas es una caja, para recibir la ayuda estatal previamente tendrá que convertirse en banco. Hay quien ve en esta exigencia el principio del fin de las cajas de ahorros. Otros expertos echan de menos en este nuevo plan que no se obligue a las cajas a aflorar sus pérdidas. Si no se hace, ningún accionista privado querrá entrar en el capital, advierten. Solo el sufrido contribuyente.
