Comisiones Obreras se sumó ayer a las voces críticas con el «acelerón» dado por el Gobierno en enero al plan de recapitalización de las entidades financieras. Como se viene escuchando desde el propio sector y otros frentes, el sindicato también califica de «discriminatorias» las nuevas exigencias de solvencia del decreto ley del Ejecutivo, que serán del 8% para las entidades cotizadas —bancos— y de entre el 9% y el 10% para las no cotizadas, en su mayoría cajas de ahorros. Es más: CC.OO. anunció ayer que recurrirá legalmente el texto del Ministerio de Economía si es aprobado.

Así, y según fuentes de la central, CC.OO. esperará ahora a ver qué forma legal da el Gobierno finalmente a su texto y qué contenidos incluye. En función de esto, el recurso se presentará ante un tribunal u otro. En caso de acudir ante la justicia, y si no puede presentarse como acusación, el sindicato ya ha estudiado la posibilidad de personarse a través de consejeros u otros cargos de las entidades.

En su análisis del texto ideado por Moncloa, Comfia dice que pone «en riesgo» el actual proceso de reestructuración del mapa financiero. Y advierte que podría provocar «una restricción del crédito», afectando a la recuperación económica. La propuesta del sindicato es seguir con el plan ya iniciado por bancos y cajas y dar un «tratamiento diferenciado» a cada entidad según su grado de solvencia y necesidades de capital.

El frente común de Feijóo

Desde el campo político, el Parlamento de Galicia aprobó ayer instar a la Xunta que reclame al Gobierno la reconsideración del decreto, que respete los procesos de fusión iniciados en 2010 y «retire las exigencias de capital» que abocarán a las cajas a la bancarización, entre ellas, la gallega Novacaixagalicia. Es el primer pronunciamiento institucional de Galicia de rechazo frontal al decreto. Y un paso más hacia el frente común que el gobierno de Núñez Feijóo y las cajas gallegas quieren armar con otras comunidades, como ya informó ABC.

La postura del Parlamento se forjó con los votos de populares y nacionalistas, después de que el PSdeG volviese a quedarse al margen, en su ya crónico seguidismo del decreto del Gobierno. La socialista María José Caride amagó con respaldar la redacción original de la iniciativa, pero cuando PP y BNG acordaron convertirla en un acto de reproche al Ejecutivo central, la formación de Manuel Vázquez se desmarcó votando en contra.

Caride echó en falta que el texto de la moción no priorizase la solvencia de la caja gallega, a lo que el popular Pedro Puy recordó que ésta estaba garantizada por el propio Banco de España al aprobar el proyecto de fusión de NCG y su plan de negocio. «Las necesidades de recapitalización no son consecuencia del incumplimiento del plan o del mal diseño de este, sino de un bandazo normativo del Gobierno central», insistió Puy, que Fernando Blanco (BNG) remató lamentando que el PSOE «defienda la bancarización» de las cajas.

No obstante, los tres grupos parlamentarios sí alcanzaron la unanimidad en otros dos puntos de la moción, en los que expresaban su «compromiso inequívico de mantener el modelo de cajas de ahorro, con motivación social y vinculación territorial y la defensa de las competencias estatutarias de Galicia». O lo que es lo mismo, el PSOE defiende el sistema de cajas al tiempo que refrenda las condiciones de capital que, muy mayoritariamente, acabarán por condenarlas a la privatización.

Comisiones Obreras se sumó ayer a las voces críticas con el «acelerón» dado por el Gobierno en enero al plan de recapitalización de las entidades financieras. Como se viene escuchando desde el propio sector y otros frentes, el sindicato también califica de «discriminatorias» las nuevas exigencias de solvencia del decreto ley del Ejecutivo, que serán del 8% para las entidades cotizadas —bancos— y de entre el 9% y el 10% para las no cotizadas, en su mayoría cajas de ahorros. Es más: CC.OO. anunció ayer que recurrirá legalmente el texto del Ministerio de Economía si es aprobado.

Así, y según fuentes de la central, CC.OO. esperará ahora a ver qué forma legal da el Gobierno finalmente a su texto y qué contenidos incluye. En función de esto, el recurso se presentará ante un tribunal u otro. En caso de acudir ante la justicia, y si no puede presentarse como acusación, el sindicato ya ha estudiado la posibilidad de personarse a través de consejeros u otros cargos de las entidades.

En su análisis del texto ideado por Moncloa, Comfia dice que pone «en riesgo» el actual proceso de reestructuración del mapa financiero. Y advierte que podría provocar «una restricción del crédito», afectando a la recuperación económica. La propuesta del sindicato es seguir con el plan ya iniciado por bancos y cajas y dar un «tratamiento diferenciado» a cada entidad según su grado de solvencia y necesidades de capital.

El frente común de Feijóo

Desde el campo político, el Parlamento de Galicia aprobó ayer instar a la Xunta que reclame al Gobierno la reconsideración del decreto, que respete los procesos de fusión iniciados en 2010 y «retire las exigencias de capital» que abocarán a las cajas a la bancarización, entre ellas, la gallega Novacaixagalicia. Es el primer pronunciamiento institucional de Galicia de rechazo frontal al decreto. Y un paso más hacia el frente común que el gobierno de Núñez Feijóo y las cajas gallegas quieren armar con otras comunidades, como ya informó ABC.

La postura del Parlamento se forjó con los votos de populares y nacionalistas, después de que el PSdeG volviese a quedarse al margen, en su ya crónico seguidismo del decreto del Gobierno. La socialista María José Caride amagó con respaldar la redacción original de la iniciativa, pero cuando PP y BNG acordaron convertirla en un acto de reproche al Ejecutivo central, la formación de Manuel Vázquez se desmarcó votando en contra.

Caride echó en falta que el texto de la moción no priorizase la solvencia de la caja gallega, a lo que el popular Pedro Puy recordó que ésta estaba garantizada por el propio Banco de España al aprobar el proyecto de fusión de NCG y su plan de negocio. «Las necesidades de recapitalización no son consecuencia del incumplimiento del plan o del mal diseño de este, sino de un bandazo normativo del Gobierno central», insistió Puy, que Fernando Blanco (BNG) remató lamentando que el PSOE «defienda la bancarización» de las cajas.

No obstante, los tres grupos parlamentarios sí alcanzaron la unanimidad en otros dos puntos de la moción, en los que expresaban su «compromiso inequívico de mantener el modelo de cajas de ahorro, con motivación social y vinculación territorial y la defensa de las competencias estatutarias de Galicia». O lo que es lo mismo, el PSOE defiende el sistema de cajas al tiempo que refrenda las condiciones de capital que, muy mayoritariamente, acabarán por condenarlas a la privatización.