Nueva improvisación del Gobierno en el marco del variopinto catálogo de medidas que diseña para preparar al país ante una nueva crisis del petróleo. La última propuesta vistosa, que, a buen seguro, alimentará la polémica partió ayer del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que propuso al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, un acuerdo para cambiar toda la iluminación en las calles e instalaciones públicas y recortar a la mitad el número de coches oficiales de ayuntamientos, comunidades autónomas y Ejecutivo.
La controversia no se hizo esperar. Nada más acabar la reunión, Castro anunció la existencia del pacto y del «inmediato» cambio de bombillas en todos los consistorios, convencido de que el coste correría contra las arcas del Estado. Apenas una hora después, Industria desmentía tal extremo asegurando que el coste por el cambio de bombillas tendrá que correr a cargo de los municipios y que, por tanto, de acuerdo nada de nada.
Según los datos que llegó a anunciar Castro, con el cambio de la luminaria actual por una de bajo consumo en carreteras, calles, instalaciones públicas como polideportivos, los municipios podrían ahorrarse el 42% del gasto energético por este tipo. Eso sí, aparte computaría el elevado coste por el cambio de las bombillas tanto en material como en mano de obra que ni en Industria ni en la FEMP se atrevieron a cuantificar.
«Medida impacto»
La otra «medida impacto», como la denominó Castro, consistirá en la reducción del uso de los vehículos oficiales de los parques móviles de las tres administraciones. Hoy día se emplean tres coches para cada uno de estos departamentos y lo que Sebastián pretende es aprovechar el mismo vehículo para todos ellos, y así se lo propondrá hoy a los representantes de las comunidades autónomas. Una fórmula bienvenida para la reducción del gasto público, pero de dudosa capacidad si se trata de hacer frente a una crisis energética. La FEMP no se mostró partidaria de restringir la conducción de los vehículos en los centros de las ciudades mediante la imposición de tasas. La solución pasa por fomentar el transporte público, recalcó Castro, quien apostó por la concienciación de los ciudadanos y la coordinación de los distintos transportes para disuadir a los conductores.
El ministro de Industria avanzó que el plan podría incluir la sustitución de las bombillas de las farolas por LED de bajo consumo. Fuentes de Fomento añadieron a ABC que, además, se estudiará la instalación de paneles solares, la modificación de los horarios de activación —que, por ejemplo, daría lugar a que las farolas en verano se encendieran más tarde— y la creación de un «contrato en bloque» para gestionar toda la red de iluminación de las carreteras españolas, y no de forma «parcelada», como sucede en la actualidad.
Esta medida, que el Gobierno está estudiando presentar el viernes en Consejo de Ministros, se enmarcaría junto a otras medidas de ahorro energético, tales como «que los ayuntamientos emitan ordenanzas municipales para hacer cumplir la regulación sobre temperatura en los locales y edificios públicos», según apuntó ayer Sebastián. El Ministerio de Industria celebra hoy una reunión con representantes de las comunidades autónomas para «explorar las posibilidades» de adoptar nuevas medidas.
El Ejecutivo propone a Madrid y Barcelona, al igual que ha hecho Fomento con el precio de los billetes de Cercanías de Renfe, que «sería bueno» que ambas comunidades rebajasen el precio del billete de Metro.
La respuesta de los Gobiernos regionales no tardó el llegar. Así el consejero de Transportes de la comunidad madrileña, José Ignacio Echeverría, señaló ayer que le resulta «muy extraño» que se proponga una rebaja de las tarifas en el transporte público cuando de manera simultánea se está incrementando el coste de la energía.
Desde la Generalitat de Cataluña se exigió al Gobierno de Zapatero que les «compense» económicamente por lo que van a dejar de percibir con la rebaja del servicio de Cercanías. «Ellos invitan a café, la gente se toma el café y después dicen que pagues la cuenta. Esto no es asumible», protestó el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, que instó a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a asumir su responsabilidad por provocar más gasto.
Zarpazo a los ingresos
Estos nuevos recortes que preparar el Gobierno se sumarían al del nuevo límite de velocidad en autopistas y autovías hasta los 110 kilómetros a la hora y el recorte en el gasto de iluminación en carreteras anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado lunes. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) confirmó ayer que sus ingresos caerán en 620 millones si la reducción del tope de velocidad se aplica hasta el próximo mes de diciembre.
La reducción del consumo de carburantes hará que las arcas públicas dejen de percibir 61 millones al mes, al recaudar menos dinero en impuestos, según explicó ayer José María Mollinedo, secretario general de la organización. En el cálculo no caben números redondos, sino estimaciones, ya que ni siquiera el Ejecutivo es capaz de determinar la cifra de ahorro de gasolina. Si Alfredo Pérez Rubalcaba indicó el pasado viernes tras la celebración del Consejo de Ministros que la medida permitiría recortar el consumo en hasta un 15% en gasolina y un 11% en gasóleo, Blanco rebajó el lunes este porcentaje hasta el 5% y el 12% «en función del tipo de vehículo». A este último le corresponde el siguiente paso en los planes de ahorro que el Gobierno invoca como remedio al desbocado precio del Brent, que ayer subió hasta los 115 dólares.
