Economía

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El trato de favor a las cajas catalanas permite al Gobierno salvar la reforma

PP y PNV no apoyarán la norma que hoy se convalidará con los votos de PSOE, CiU y CC

Día 10/03/2011

El Real Decreto para la Reestructuración del Sistema Financiero será convalidado hoy por el Congreso, pero por la mínima, y sin el «amplio consenso» pretendido por el Ejecutivo. A diferencia de hace un año, cuando Rajoy y Zapatero comparecieron juntos para explicar mano a mano la reforma de la Ley de Cajas, el Gobierno contará hoy sólo con el apoyo de CiU y Coalición Canaria. Eso sí, los votos catalanes no han salido gratis. Las cajas catalanas como Unnim y CatalunyaCaixa serán las únicas del mapa financiero español que podrán disfrutar de fondos públicos sin tener que pasar por la nacionalización.

Mientras, tanto uno de los tradicionales socios económicos del Gobierno, el PNV, como el PP, han descartado finalmente dar su visto bueno a un texto que el Gobierno aprobó sin consultar con los principales partidos de la oposición y cuyo apoyo buscó sólo a posteriori.

Para los nacionalistas vascos, los problemas vienen derivados de la tibieza con que el Ejecutivo se ha manifestado sobre la fusión en ciernes de las cajas vascas. En la reunión que ayer mantuvo el portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el diputado vasco intentó arrancar el compromiso del presidente de apoyar el proceso de fusión total de BBK, Kutxa y Vital —incluida, eso sí, la presencia de las diputaciones forales en la dirección— una idea que hasta ahora no ha contado con el visto bueno del Partido Socialista de Euskadi. Zapatero respondió con una larga cambiada: «No es razonable imponer nada a la comunidad autónoma vasca».

Problemas de fondo

La negativa del PP no se relaciona tanto con la situación de unas determinadas cajas —aunque son precisamente las entidades de las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares las más perjudicadas por las nuevas exigencias— sino con el concepto de fondo y el contenido del real decreto. El PP cree que lo primero que se debía haber hecho es sanear los balances de las entidades y después capitalizarlos. No al contrario. La nueva norma, a su juicio, favorece que las entidades, lejos de destinar más fondos a provisionar las posibles pérdidas, hagan lo contrario, interrumpan estos procesos para aumentar su capital. Esto, argumentan los populares, puede generar más desconfianza entre los inversores y, por lo tanto, dificulta la entrada de capital, que es precisamente lo contrario de lo que se pretende conseguir con la nueva norma.

No obstante, y pese al malestar en el seno del PP porque, a diferencia de la anterior reforma financiera, el Gobierno no ha contado con ellos para la elaboración del decreto, el equipo económico del PP, encabezado por Cristóbal Montoro, ha mantenido reuniones hasta última hora con responsables del Ministerio de Economía en un intento de acercar posturas. Las citas no han dado frutos y el PP no apoyará hoy la nueva reforma del sector.

Los próximos pasos

Hoy mismo, una vez que el Congreso de los Diputados convalide el Real Decreto, el Banco de España hará públicas las necesidades de capital de todo el sector financiero, teniendo en cuenta los nuevos requisitos Además, el supervisor comunicará a todas y cada una de las entidades su situación Según cálculos del sector, las necesidades de capital de las entidades en base a la nueva fórmula oscilarán entre los 15.000 y los 18.000 millones de euros. En cualquier caso, ligeramente por debajo del máximo de 20.000 millones que anticipó la vicepresidenta Salgado.

Las entidades que no alcancen el nivel requerido de capital principal tendrán quince días hábiles para comunicar al Banco de España su estrategia para conseguirlo, lo que puede incluir la captación de recursos privados, la salida a Bolsa o posibles fusiones con otras entidades. Además, deberán informar sobre el calendario en el que llevarán a cabo estas operaciones. La fecha tope para que el plan esté concluido será el 30 de septiembre. No obstante, el Banco de España podrá conceder una prórroga de tres meses si los retrasos de las entidades están relacionados con trámites burocráticos. Y, en caso que la dilatación se deba a la salida a Bolsa, el plazo extra se podrá alargar seis meses, hasta marzo de 2012.

Por su parte, las entidades que no hayan pasado el examen y descarten cubrir sus necesidades con capital privado —y por tanto opten por recurrir directamente al FROB— deberán presentar en un mes un plan de recapitalización y convertirse en banco en tres meses, así como asumir compromisos de aumentar el crédito a las pymes y de mejorar su gobierno corporativo. El Estado podrá permanecer un máximo de cinco años en el accionariado de las entidades que reciban ayudas públicas, pero éstas podrán recomprar los títulos adquiridos por el FROB durante dos años. Eso sí, opten por el camino que opten, el mapa del sector financiero español sufrirá un cambio radical.

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