La negociación sobre la reforma de la negociación colectiva afronta la recta final con las espadas en alto, con una propuesta de máximos de la CEOE sobre la mesa que hace inviable la firma de cualquier acuerdo. La patronal que preside Juan Rosell sólo pondrá su sello en unos cambios de calado que aumenten realmente el poder de las empresas en las decisiones internas y les permita manos libres para adaptarse a situaciones críticas y para decidir, sin ataduras, sobre asuntos relativos a sueldos, jornada laboral, movilidad funcional, movilidad geográfica, etc...
Este es el nítido mensaje que el miércoles trasladó el presidente de la patronal a su junta directiva y el que, horas más tarde, comunicaba también en persona a los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, con los que se reunió. Ni cualquier acuerdo, ni a cualquier precio, les vino a decir Rosell.
Modificaciones profundas
La fijación de una «línea roja» por el presidente de la CEOE a los líderes sindicales se produce después de que sus organizaciones asociadas le hayan reclamado modificaciones profundas que dejen manos libres a las empresas españolas para adaptarse a situaciones de crisis que permitan detener las pérdidas de competitividad y productividad. Una de las más activas ha sido la patronal del automóvil, Anfac. El miércoles reclamó más protagonismo del convenio colectivo de empresa para, de esta forma, poder recuperar la imagen perdida por nuestro país ante las multinacionales. Pero cualquier cesión en la negociación implicaría contraprestación para las centrales sindicales. Potenciar la negociación colectiva en el ámbito de la empresa no suena mal a UGT y CC.OO., pero siempre con unos límites, los que ellos mismos marcarían si es aceptada también una de sus «líneas rojas». Reclaman mayor poder en las empresas, más información sobre los planes del empresario, estar al día en las decisiones y participar en ellas. «Es necesario reforzar la legitimación sindical en la empresa, no sólo para la negociación de convenios, sino también para cualquier acuerdo, especialmente los de flexibilidad interna (modificación, descuelgue, ERE..)», apunta en el documento sindical de negociación.
Pero las desaveniencias irían más allá. Marcar los plazos para acabar con la ultraactividad o con la prórroga automática e indefinida de los convenios no está siendo tarea fácil para los interlocutores sociales, que tampoco logran ponerse de acuerdo sobre el papel que debería tener un arbitraje si en una empresa las partes no logran entenderse en la renovación de un convenio. La CEOE, en ningún caso, sería partidaria de un arbitraje obligatorio; su propuesta pasaría por negociar un convenio sólo con las centrales, mientras éstas sí defienden la viabilidad de la obligatoriedad, aunque sean conscientes de que la medida podría ser inconstitucional.
