El Gobierno no irá con las manos vacías a la cumbre de jefes de Estado que tendrá lugar esta semana. En línea con las nuevas guías de la gobernanza europea refrendadas en la última reunión del Ecofin, el Ministerio de Economía trabaja en la elaboración de una regla de gasto que limitaría por ley su alza a la evolución del PIB. Según ha podido saber ABC, la medida está aún en una fase preliminar y con varias variables en estudio pero, en cualquiera de los casos, lo que sí está claro es que afectará tanto a comunidades autónomas y ayuntamientos como a la Administración central. Otra de las opciones que actualmente se baraja es ligar la evolución del citado gasto al crecimiento potencial y no al real.
ABC
Déficit y deuda de las comunidades
Aunque en el Departamento de Hacienda trabajan con la vista puesta en el mes de abril, cuando previsiblemente se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas, la cumbre del próximo jueves en Bruselas se perfila como el escenario perfecto para el anuncio de nuevas medidas que, si bien no estén terminadas, sí están puestas sobre la mesa.
Otra de las propuestas en las que trabaja el equipo de Elena Salgado es la fijación de un techo de gasto a las comunidades, similar al que ahora existe para el Estado. El Banco de España lo reclamó hace ya unos meses; el principal partido de la oposición lo ha propuesto en el Congreso de los Diputados en varias ocasiones y prevé llevarlo en su programa electoral y el Gobierno, que hasta ahora se había resistido,se plantea dar el paso ante las nuevas exigencias de la Comisión Europea.
Techo voluntario
El Ministerio de Economía se había limitado, hasta el momento, a decir que fijar un techo de gasto que no se puede sobrepasar es una herramienta muy útil que le ha venido muy bien al Estado y que sería también positivo para las comunidades. Sin embargo, insistía en que en todo caso debía ser una decisión voluntaria de cada comunidad. La voluntariedad se puede convertir en breve en una regla de obligado cumplimiento.
Se trataría de que los parlamentos autonómicos fijarán cada año un límite de gasto que en ningún caso se podría superar a lo largo del ejercicio. Y en caso de hacerlo, inmediatamente habría que presentar un plan de saneamiento. Esto permitiría que en época de bonanza, el exceso de ingresos se destine a reducir deuda y sanear las finanzas de cada autonomía.
Esta medida serviría, además, para ayudar a disipar las dudas que inundan los mercados respecto a las finanzas autonómicas.
La agencia de calificación Moody's rebajó la pasada semana la calificación crediticia de la deuda española argumentando, precisamente, sus dudas sobre que las comunidades autónomas puedan cumplir sus objetivos de reducción del déficit. Y es que la reducción del déficit previsto para este año es muy superior a la llevada a cabo en 2010, lo que parece harto difícil en año electoral.
Hay quien argumenta incluso que, al igual que ocurrió en Cataluña, el cambio de gobierno que pueda producirse en algunas autonomías tras los comicios del 22-M aflore más déficit del que algunos gobiernos regionales están reconociendo.
Será en esa misma cita en Bruselas (jueves y viernes de esta semana) cuando el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, presentará a sus homólogos europeos sus logros en materia de competitividad. La negociación colectiva —que en principio debería alumbrar un pacto o principio de acuerdo antes de ese encuentro— y la anunciada ley de Servicios Profesionales —que promete liberalizar algunos sectores— serán dos de las perlas del «programa» español para ganar atractivo en el mercado. El ámbito fiscal sería, por tanto, otra de las patas.
Coordinación de políticas
Las nuevas medidas del Ejecutivo responden a los deseos de Bruselas de reforzar de manera definitiva la coordinación de políticas económicas para, a su vez, mejorar la competitividad y aumentar la convergencia entre los países.
Precisamente, para conseguir esta coordinación, los países deberán comprometerse a realizar acciones concretas en un horizonte temporal de 12 meses, siempre, eso sí, en base a indicadores objetivos. Estos compromisos formarán parte del Pacto de Estabilidad de cada país, que anualmente presentan en Bruselas, y que este año podría incluir como medida estrella la limitación del gasto.
