Se va Jaime Lissavetzky y se habla de dopaje. Anuncia su última tarde al frente del deporte español y en la charla con los periodistas se habla de EPO, hormanas de crecimiento, la AMA, la tolerancia cero, las operaciones policiales y la Interpol. Tal vez porque antes de su llegada no había nada y él llenó un espacio que nadie había ocupado, la realidad es que Jaime Lissavetzky Díez —hijo de padre ucraniano y madre asturiana, político y doctor en Ciencias Químicas— pasará a las bibliotecas del futuro como el ministro del dopaje.
El Consejo de Ministros cesará hoy a Lissavetzky —«a petición propia, ¿eh?, advirtió con un guiño y no sin cierto orgullo— y designará a su sucesor (Albert Soler es el elegido después de ganar la carrera a Joan Mesquida, el ex director de la Guardia Civil y actual secretario de Estado para el Turismo). Se cerrará así un período de lucha contra el dopaje que el dirigente ha impregnado en casi todas sus maniobras.
También quedará la herencia del fútbol descontrolado. Una deuda salvaje de los clubes (624 millones) que ha desembocado esta semana en la incomprensible posibilidad de cierre patronal por unos millones más a cuenta de los partidos en abierto, con los que quieren acabar. La situación económica del fútbol es uno de los débitos que quedan en el equipaje de Lissavetzky. Su argumento para no enfrentarse a esa sinrazón reside en que le faltaron herramientas legales.
La edad de oro del deporte español puede ser la conjunción de factores, la herencia de una obra que arrancó con el cambio de modelo en Barcelona 92 o una continuidad productiva de un trabajo bien hecho.
En todo caso, los siete años que Jaime Lissavetzky ha permanecido al mando del Consejo se han caracterizado por una vuelta de tuerca al panorama del dopaje. Lo que antes era un paraíso al que acudían deportistas extranjeros al efluvio de la rica miel es ahora un país con leyes que castigan el tráfico y la inducción a la trampa química.
Por el dopaje se han llevado el deporte español y Lissavetzky las principales amarguras. El mundo del ciclismo ha capitalizado las actuaciones de los cuerpos de seguridad y las intervenciones judiciales. Y por ahí han quedado muchos flecos sin resolver. La Operación Puerto desencadenó un terremoto en 2006 y cinco años después no hay sentencia para los implicados.
La Operación Galgo contra el dopaje en el atletismo se ha separado, de momento, cuatro procesos judiciales en los que no hay aparente relación entre Eufemiano Fuentes y Marta Domínguez, los dos principales actores de la trama.
De ciclismo habló el secretario de Estado saliente. «El ciclismo profesional tiene un problema. Las últimas declaraciones de Pat McQuaid (presidente de la UCI) me han parecido positivas. Nunca hemos tapado nada en la Operación Puerto porque aquí no se tapa nada».
Sin respaldo federativo
Elegido como único representante español en el comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y, sin embargo, contestado por las resoluciones de las federaciones españolas. La última, el caso Bezabeh y el presidente José María Odriozola. «¿Cómo es posible que si lo hemos hecho tan mal me sigan reeligiendo en la AMA? ¿Es que son tontos en la Agencia Mundial Antidopaje?», se pregunta a la defensiva el dirigente madrileño.
Durante su gobierno, el deporte español ha alcanzado la cumbre, un Mundial y una Eurocopa de fútbol, lo mismo en el baloncesto, y 1.087 medallas en campeonatos del mundo, torneos de diversas modalidades y carreras ciclistas, además de 37 medallas en los Juegos Olímpicos (19 en Atenas y 18 en Pekín).
Junto a esa retahíla de gozos, también han surgido sombras en formato policial: 47 operaciones anti-dopaje en diversos ámbitos, 543 detenidos y 76 imputados por presuntos delitos contra la salud pública. «Las encuestas del CIS nos dicen que la percepción de los españoles respecto al dopaje ha cambiado. Y ya no se nos ve ni fuera ni dentro como un paraíso».
A Albert Soler le queda el encargo de llevar al Parlamento la futura Ley del Deporte, un mecanismo para regular la actividad profesional de los clubes, entidades y deportistas españoles. Un marco jurídico que evite situaciones grotescas, como la última intentona de huelga de los clubes más ricos del mundo. «No podemos seguir resolviendo nuestros problemas en los tribunales».
