Siendo éste un suplemento económico, la historia que vamos a contar tiene un cariz, ante todo, humano. Porque profundamente humano es su protagonista y porque sirve de ejemplo de las muchas tragedias personales que dejará tras de sí esta crisis.
ABC
Pablo Sanz, el día que su empresa solicitó el concurso de acreedores
Cuando este periodista se reúne con Pablo Sanz, casi dos años y medio después del primer encuentro en las Navidades de 2008 todo ha cambiado para este emprendedor que fundó la constructora PSP en 1992 y que ha llegado a dar trabajo a casi 400 personas. Las cadenas de impagos de las distintas administraciones (PSP hacía ante todo obra pública) y de empresas privadas han acabado ahogando a una compañía «que era rentable y que de hecho tuvo trabajo y proyectos hasta el mismo día en que tuvo que cerrar». Lo que en 2008 se vislumbraban como problemas y amenazas en ciernes se han acabado convirtiendo en un tsunami que ha arrasado con todo a su paso.
A PSP se le debe en la actualidad un millón de euros por obras que ha realizado en los últimos años y que no les han pagado (300.000 euros de ayuntamientos y el resto empresas). Esto a su vez ha provocado que la empresa no pueda pagar a otros con los que tenía compromisos, lo cual ha derivado en un entramado de pleitos que ahora tienen una lenta y difícil solución, porque «algunos morosos estarán en Caimán o en Seychelles, mientras que yo he tenido que cerrar mi empresa».
Pero el origen de todos los males de Pablo Sanz y su constructora, «que nació con la crisis de los 90 y había sabido adaptarse a periodos duros» ha sido precisamente la Administración Pública, aquella que es responsable de la buena marcha económica del país.
La cuantía de la multa que les impuso la Seguridad Social fue de 300.000 euros
Esta multa ahogó a la compañía, sepultada después por los desequilibrios de un sector donde nadie pagaba a nadie. Y ahora, tres años después de que el proceso con la Seguridad Social comenzara y tuvieran que pagar su multa, la justicia ha dado la razón a Pablo Sanz y PSP: el juez reconoce que la multa no estaba justificada y dicta que la administración deberá devolverla «en un plazó máximo de veinte días».
Aunque la sentencia dice que tendrá que cobrar en 20 días sabe que no lo hará en años
«Lo que más me duele es que esta situación ha hecho que yo no pueda pagar a mis trabajadores, muchos de los cuales sin embargo me han estado acompañando, sin cobrar, hasta el último día». Todos ellos quedaron en la calle y algunos han conseguido recolocarse mientras que otros no.
Aunque la situación de Pablo es si cabe más complicada que la de sus trabajadores, ya que «siempre relacioné mi patrimonio con la empresa» y ahora tiene que responder con él. Los embargos se suceden y su situación es difícil, «porque además después de dos décadas como autónomo me veo sin cobertura de desempleo, a pesar de que había cotizado muchos años en el régimen general».
