Cataluña muestra la senda de los recortes

Médicos, estudiantes y profesores catalanes están en pie de guerra desde que el gobierno autonómico anunció recortes drásticos en sus respectivos ámbitos. Es el preludio de lo que se intuye como una oleada de recortes en el resto de comunidades, muchas de ellas también asfixiadas por el déficit público y con las cifras reales al descubierto tras el vuelco político del 22-M. En Cataluña, la luz de alerta se activó a comienzos de año cuando la Generalitat confirmó oficialmente los ajustes, a los que el pasado día 31 de mayo puso cifras tras concretar los presupuestos más austeros de la historia reciente de Cataluña.

Tras años de bonanza económica y poca contención en el gasto, la necesidad de enfriar las cuentas ha conducido a CiU a afilar la tijera presupuestaria y, aunque la reducción del déficit no alcanza el 1,3% que exige el Gobierno (la previsión es del 2,6%), el esfuerzo, según defiende el Ejecutivo autonómico, es «titánico»: por primera vez en democracia los presupuestos de la Generalitat catalana son inferiores a los del ejercicio anterior, un 10% menos.

Despidos encubiertos

El «tijeretazo» no es lineal aunque impacta de lleno en la línea de flotación del bienestar social —de un 10% en Salud y de un 7,4% en Enseñanza—. En la sanidad, las sirenas saltaron cuando en hospitales de referencia como el Clínico, el Valle de Hebrón o el San Pablo de Barcelona se notificaron cierres de plantas, quirófanos y la reducción de consultas externas.

A esta amputación de prestaciones sin precedentes se sumaron, según los sindicatos, «despidos encubiertos» de muchos trabajadores a los que la Administración decidió no renovar sus contratos.

Las centrales calculan que el sector sanitario ha prescindido ya de 4.000 empleos, fruto de la rescisión de contratos temporales, jubilaciones y no renovaciones. En los últimos meses, la situación ha ido a peor y las protestas y encierros se han repetido semana a semana frente a los principales centros de la red catalana.

En el fondo de todas las acciones, un solo objetivo: obligar al Gobierno catalán a echar marcha atrás en su drástico plan de recortes. Uno de los efectos inmediatos de las restricciones será el aumento de las listas de espera, que para 16 patologías no urgentes como las cataratas, las hernias o las prótesis de cadera —para las que esperan unos 55.000 pacientes—, podrían alargarse hasta los ocho meses.

A los recortes en prestaciones y recursos humanos deben sumarse también otras nuevas condiciones impuestas por CiU para reducir gasto, como la prevista en una reciente normativa del Gobierno catalán que prevé la entrada de la actividad privada en los hospitales públicos.

Sindicatos y patronales se oponen frontalmente a la medida. Los primeros la consideran una «privatización encubierta» de la sanidad pública, mientras que las patronales lo ven como una «competencia desleal» para los centros privados. La medida ha puesto jaque al sector sanitario privado que ha cargado duramente contra la iniciativa, ya que, a su entender, «altera irremediablemente el concepto de sanidad pública y profundiza más en el concepto de diversidad asistencial, generando mayores desequilibrios territoriales».

La sanidad privada entiende la iniciativa de la Generalitat como una «firme declaración de guerra» y está dispuesta a llegar hasta el final para detenerla. En el marco de esta ley ómnibus figuran también otras medidas de incuestionable impacto social como la de limitar el acceso a la sanidad a quienes no lleven seis meses empadronados.

5.000 profesores en el limbo

En el mundo educativo, las amputaciones de CiU también han puesto en jaque al sector. La Generalitat propone congelar las plantillas en un momento de «máxima sensibilidad» en el que está previsto que se incorporen en el sistema educativo 15.000 nuevos alumnos, lo que los sindicatos interpretan como «una reducción real de las plantillas» y una «operación de riesgo» para la calidad del sistema.

Sin la complicidad del sector, la consejería ha dictado la supresión de la sexta hora en los colegios y las jubilaciones voluntarias, lo que dejará en el limbo 5.000 profesores.

Por este motivo, docentes y alumnos se han sumado a las protestas. Los ajustes en salud y educación han sido el principal revulsivo para las dos grandes manifestaciones celebradas en Barcelona desde que CiU empezó a afilar las tijeras —los días 14 de abril y mayo—. Ninguna logró detener los recortes. Ahora, tras la constatación de las amputaciones presupuestarias, sanitarios, docentes y alumnos se plantean fórmulas de presión más contundentes.