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El Gobierno es consciente del peso que ostenta la patronal. No solo por su poder como colectivo sino también porque, a fin de cuentas, las empresas son la base de la economía. Y quizá por eso la vicepresidenta llevaba semanas preparando el terreno para endurecer el Impuesto de Sociedades. Elena Salgado llegó a decir que veía a los empresarios «dispuestos» a hacer un esfuerzo. Nada más lejos de la realidad. Ayer aseguraron que esta reforma llega en un momento de escasa liquidez para ellos.
El Consejo de Ministros aprobó ayer una revisión del mpuesto de ociedades obligando a las grandes empresas —una 3.900, el 0,5% del tejido empresarial— a anticipar el pago de ese tributo. Las compañías pueden hacer la declaración anual del impuesto de forma anual o fraccionada en tres pagos. La nueva norma del Ejecutivo eleva el porcentaje de cálculo de los pagos fraccionados del 21% al 24% para las empresas cuya facturación esté entre 20 y 60 millones de euros, y hasta el 27% para las que facturen más de 60 millones.
«En ningún caso se trata de una subida impositiva», aclaró Salgado tras anunciar la medida, que será temporal. Esto supondrá a cada empresa un coste, según Salgado, «limitado y asumible», de entre 59.000 y 250.000 euros en función de la facturación. La modificación estará vigente entre 2011 y 2013, el calendario fijado por el Gobierno para reducir el déficit al 3%, y aportará al Estado 2.500 millones.
Rebaja en las deducciones
El nuevo mpuesto de ociedades limita también la compensación de las pérdidas que las empresas sufran en años anteriores. Hasta 2013, solo se podrá compensar el 75% 50% de las pérdidas registradas en ejercicios anteriores, y no el 100% como hasta ahora. Por último, la medida rebaja la deducción del fondo de comercio financiero, que pasará desde el máximo actual del 5% al 1%, también con carácter excepcional.
Ayer, la CEOE y Cepyme avisaron de que la medida llega en un momento de difícil acceso a la financiación y de problemas para cobrar las deudas que las administraciones públicas han contraído con las compañías. «Es un bocado a la liquidez de las empresas», advirtió Cepyme en un comunicado. La patronal exige que el déficit público se ataje controlando el gasto público y no recaudando más vía impuestos. El colectivo de autónomos dijo que es «pan para hoy y hambre para mañana» y calificó el conjunto de medidas de «deslavazadas y sin sentido».
El Consejo General de Colegios de Economistas aseguró ayer que el Consejo de Ministros podría recuperar además el impuesto sobre patrimonio el próximo 26 de agosto y, en septiembre, aprobar una subida del IRPF. Elena Salgado evitó ayer pronunciarse sobre esa posibilidad.
