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Este verano no se saldrá de la tónica general de los últimos años. El período estival, terreno propicio para la introducción de cambios en el esquema fiscal, se ve, en esta ocasión, marcado por la celebración de unos comicios generales, lo que multiplica las propuestas y decisiones impositivas con tintes electorales. Ahora el Gobierno vuelve a la carga y deja la puerta abierta a una subida fiscal que afectaría a los más pudientes, presionado, en esta ocasión, por el ímpetu de nuestros socios europeos en la adopción de medidas similares.
La vicepresidenta primera, Elena Salgado, insinuó ayer un aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos con alto poder adquisitivo, y emplazó a la prensa al Consejo de Ministros de mañana. Además, Salgado descartó la aprobación de un impuesto sobre la riqueza «en lo que resta de legislatura», porque no hay tiempo para su tramitación.
Ello, no obstante, no cierra la puerta a otras opciones para subir la aportación fiscal de las rentas más altas. En este sentido. Pablo Vázquez, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), considera la reinstauración del Impuesto de Patrimonio como «la opción más factible a estas alturas de mandato», pese a mostrarse reacio a su vuelta. Este tributo, cuyo tipo efectivo es nulo desde que en 2008 el Gobierno decidió su bonificación a las comunidades autónomas, sería fácilmente recuperable por decreto. A juicio de Vázquez, lo lógico sería la implantación de un «amplio mínimo exento» que evitara la afectación a las clases medias. «Si no se impusiera este mínimo exento», explica, «se estaría atentando contra el interés de una mayoría de españoles, que tendrían que volver a tributar por su vivienda habitual». Preguntado por otras posibles figuras fiscales a aplicar, el directivo de Fedea rechaza frontalmente un aumento en las rentas del capital. «Sería contraproducente, ya que se cebaría directamente con el ya maltrecho mercado de valores», sentencia.
No es la primera vez
El martes, Elena Valenciano, primera espada de Alfredo Pérez Rubalcaba y número dos de la lista socialista por Madrid, fue pionera en reclamar medidas de este corte. «Es el momento de que los que han hecho menos esfuerzo ayuden más, por eso hablamos de impuestos a los beneficios de la banca y a los grandes patrimonios», señaló Valenciano en la Ser. El candidato Rubalcaba ya ha propuesto en su programa electoral la reactivación del Impuesto de Patrimonio para gravar las grandes fortunas.
En septiembre pasado el Gobierno de Rodríguez Zapatero, tratando de compensar el daño imagen sufrido por la reducción salarial a los funcionarios y la congelación de las pensiones, decidió elevar los tipos de gravamen aplicables en la tarifa estatal del IRPF para rentas superiores a 120.000 y 175.000 euros, en 1 y 2 puntos porcentuales respectivamente. La reforma, un claro guiño a su electorado más progresista, añadía dos nuevos tramos con gravámenes del 43% y 44%, afectaba a cerca de 165.000 asalariados con remuneraciones superiores y dejaba de lado el aumento fiscal para los más ricos —aquellos que perciben rentas del capital mobiliario e inmobiliario—.
En el afán de demostrar que el esfuerzo también se exigía a los ricos, se modificó la ficalidad de las Sicav, instrumentos de inversión que utilizan las grandes fortunas españolas, para evitar el diferimiento en el pago de sus impuestos. Asimimo, se endureció la tributación de los bonus de los grandes ejecutivos.
Un año antes, en el verano de 2009, en pleno apogeo del Plan E —programado como herramienta keynesiana para hacer frente al incipiente paro—, el Gobierno fijó un nuevo objetivo: las rentas del capital, que hasta el momento tributaban al 18%. El Ejecutivo aumentó el gravamen sobre esta clase de ingresos, y optó por una subida en dos tramos: los primeros 6.000 euros declarados pasaron a tributar al 19% y el resto al 21%, por lo que la tasa apenas ganó en progresividad. Tras la reforma, los más ricos apenas sufrieron un incremento del 3% en su tipo sobre rentas del capital y seguían disfrutando de condiciones ventajosas respecto al tratamiento de estos ingresos en Alemania —con un gravamen del 25%— y Francia — del 30%—.
