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El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, presidió ayer en Atenas una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para acelerar las medidas de austeridad que permitan al país cumplir sus objetivos de reducción del déficit fiscal y, a corto plazo, la suspensión de pagos, ya que el Gobierno ha anunciado que no tiene dinero para pagar las nóminas de los funcionarios y la pensiones del mes de octubre. Por este motivo, y presionado por la troika —BCE, FMI y UE— para pagar los 8.000 millones de euros de la nueva ayuda, Papandreu había cancelado ayer su viaje a Nueva York, donde iba a asistir a la asamblea general de la ONU y mantener importantes reuniones con el secretario general de ese organismo, Ban Ki-moon; la directora gerente del FMI, Christine Lagarde; y el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner.
Tres líneas estratégicas
Aunque se esperaba que al acabar el Consejo de Ministros se hiciera público el paquete de medidas, el titular de Finanzas, Evángelos Venizelos, se limitó a enumerar las tres líneas estratégicas para salvar el país. La primera, que se cumplirá al pie de la letra las medidas acordadas en el programa que fue votado a finales del pasado mes de junio. Venizelos se refirió fundamentalmente al sector público, que debe reducirse con urgencia. Así, irán a la calle unos 100.000 funcionarios, empezando por los contratados en los dos últimos años.
La segunda, que el país debe de conseguir un superávit lo antes posible para no seguir pidiendo ayuda de sus socios. Y la tercera, que deben de implementarse todas las reformas estructurales para terminar con esta situación intolerable de un país con un 10% de déficit que vive del dinero prestado y compra productos importados.
Aunque ayer no se anunciaron públicamente, entre las medidas de ajuste que se aplicarán a corto plazo están la congelación de los salarios durante tres años y se subirán de nuevo los impuestos sobre bebidas, tabaco y productos de lujo. También se acelerará el cierre de empresas estatales deficitarias y la privatización de las compañías públicas antes de final de año. Asimismo, se aumentarán los años de trabajo necesarios para alcanzar la jubilación.
Venizelos se mostró también tajante con la oposición conservadora, que continúa sin apoyar las medidas del Gobierno y sin prestar su consenso. Y criticó duramente a los movimientos del tipo «No pago» que desde hace meses y desde la izquierda han decidido que ya no pagan los transportes públicos, los peajes, los impuestos, etc...).
Asimismo, criticó a los sindicatos de la empresa estatal de electricidad DEI, ya que ante el nuevo impuesto extraordinario sobre la propiedad inmobiliaria anunciado hace pocos días y que se cobrará con el recibo de la luz, los sindicalistas se han mostrado contrarios a esta medida y han amenazado con impedir el cobro del impuesto. El ministro de Finanzas subrayó que el país saldrá de la crisis solo cumpliendo el programa aprobado y es de lo que tratará hoy con los enviados de la troika.
Otra advertencia alemana
Por su parte, el ministro de Economía alemán, Wolfgang Schaeuble, ha advertido de que Grecia necesita un informe positivo del terceto o troika para recibir, el próximo mes de octubre, los 8.000 millones de euros que conforman la remesa para el tercer trimestre del año del plan de rescate aprobado el pasado mes de mayo. «Que nadie se llame a engaño. Sin un informe positivo de la troika en el que se concluya que Grecia está cumpliendo con sus obligaciones, no podrá pagarse la próxima remesa de ayuda», declaró al «Bild». Para ello, «es necesario que Grecia produzca números que demuestren que las cosas van según el plan. Los griegos deben decidir si están dispuestos a cargar con ese peso sobre sus hombros», señaló.
