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Con las primas de riesgo periféricas disparadas y la incertidumbre reinstalada en los parqués, Grecia sigue enredando en el laberinto que conduce hacia la salida de la gran crisis de deuda europea. La sensación de que el «consenso» del nuevo Gobierno de transición heleno viene más impuesto por las exigencias de Bruselas que por un genuino convencimiento de las fuerzas políticas comienza a confirmarse con hechos. Mientras el nuevo primer ministro, Lucas Papadimos, advertía ayer que son necesarias reformas estructurales inmediatas y efectivas para las que el periodo de cien días acordado en su designación quizás se quede corto, el líder del partido conservador Nueva Democracia, Antonis Samaras, aseguraba que no respaldará nuevas medidas de austeridad en ningún caso y reiteró su exigencia de nuevas elecciones para la fecha prevista, el 19 de febrero.
«La principal tarea de este Gobierno es aplicar las decisiones de la cumbre del 26 de octubre», aseveró Papadimos al abrir ayer con su intervención un debate parlamentario que culminará mañana con un voto de confianza al nuevo Ejecutivo. Sin embargo, el mensaje de Samaras fue mucho menos concluyente: «Nos hemos comprometido a ayudar al Gobierno de transición, pero no nos hemos comprometido a nada más», aseguró.
El líder conservador fue un pasito más lejos en su pulso a la UE y el FMI, los organismos que deben desbloquear los 8.000 millones que Atenas necesita con urgencia para pagar a sus funcionarios y jubilados, y dejó claro que no dará su visto bueno a ninguna carta de compromiso de cumplimiento de los ajustes, ya que estima que una promesa verbal debería ser suficiente.
Pero la Comisión Europea, escocida aún por el impacto provocado por el inesperado órdago del referéndum de Papandreu, reiteró ayer con contundencia que su exigencia es firme: no desbloqueará la ayuda si el nuevo Gobierno y los líderes de los principales partidos helenos no firman «un compromiso escrito sin ambigüedad y lo antes posible». El portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj, explicó que los inspectores de la «troika» regresarán «muy pronto» a Atenas para discutir con el nuevo Gobierno «lo que se necesita para pagar el sexto tramo» de 8.000 millones, aunque tampoco hay fecha definitiva. La madeja griega aún tiene hilo para rato.
