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Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado mes de julio cedía a las presiones del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y dejaba las elecciones para el 20 de noviembre, no imaginaba la situación límite con la que España llegaría a esa fecha. Como en otras muchas ocasiones a lo largo de estas dos legislaturas, Zapatero desoyó las advertencias de su equipo económico, y de empresarios y analistas que pedían a gritos convocar las elecciones en septiembre, como muy tarde, para que el nuevo Gobierno tuviera tiempo de aprobar los Presupuestos para 2012, así como las reformas que un Gobierno en retirada difícilmente podría implementar.
Pesó más el argumento político. Rubalcaba esperaba consolidarse como candidato en este periodo y, basándose en los erróneos cálculos del Ejecutivo, confiaba incluso en una mejora de los datos de paro y en la creación de empleo en los últimos meses del año. Unos brotes verdes que podrían ayudar al candidato a culpar de la crisis a la economía internacional, al ambicioso mercado, e incluso a la herencia del «boom» inmobiliario creado por los años de gobierno de los populares. Pero qué lejos de la realidad.
Una vez más acertaron los que en su día Zapatero llamó antipatriotas por anticipar la gravedad de la crisis que se avecinaba. A cinco días de las elecciones el escenario no puede ser más desolador.
Las presiones sobre la deuda española crecen a pasos agigantados. Ayer la prima de riesgo, el interés extra que los inversores exigen por los bonos españoles a 10 años frente a los alemanes, volvía a marcar máximos desde la entrada de España en el euro, al rozar los 460 puntos básicos. Una cifra muy cercana a la que se convirtió en punto de no retorno para Grecia, Irlanda y Portugal, que fueron rescatados cuando sus primas de riesgo superaron los 500 puntos básicos.
Las alarmas saltaron ayer cuando el Tesoro español tuvo que pagar un 40% más que hace solo un mes por colocar sus letras a doce y dieciocho meses. En concreto, el Tesoro público colocó 3.158 millones en letras a un año, para cuya colocación tuvo que pagar un interés del 5,2%, frente al 3,69% de octubre. Y lo mismo ocurrió con las letras a 18 meses. El coste de la emisión subió hasta el 5,32%, frente al 3,86% de la última subasta. Eso sí, al menos se sostuvo la demanda, que multiplicó por 2,8 la oferta. Y fue a ese punto al que se agarró la vicepresidenta económica, Elena Salgado. «Lo importante es que hemos tenido una altísima demanda y eso indica que, a pesar de todo, nuestros títulos son bien valorados y en ese sentido podemos estar tranquilos», declaró a Efe la vicepresidenta desde Singapur, uno de los puntos de su gira asiática en busca de capitales que inviertan en deuda española.
Pero con demanda o sin ella, lo cierto es que España tuvo que pagar ayer un sobrecoste por emitir deuda que los técnicos de Hacienda cifraron en más de 44 millones de euros.
Y, además, España se la vuelve a jugar el jueves en el mercado. El Tesoro espera captar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en obligaciones a diez años. Los analistas dan por descontado que el Tesoro tendrá que pagar un interés cercano al 6,5% para colocar esta deuda, casi un punto más que en la última subasta. La pregunta está en si habrá la suficiente demanda. Si los mercados se cierran, el rescate, o la ayuda exterior será inevitable.
La Comisión Europea trató ayer de salir en auxilio de nuestro país. «Las presiones en los mercados son los efectos del contagio y no están ligadas únicamente a los fundamentos de la economía», apuntaron fuentes del departamento del comisario de Asuntos Económicos de la CE. Pero lo cierto es que los últimos datos sobre la economía española son desoladores.
Una herencia envenenada
«En España, el nuevo Gobierno que salga de las urnas se enfrentará a un escenario dramático», apunta un informe de Freemarket Corporate Intelligence, hecho público ayer, que define con crudeza la situación de la economía española.
El déficit público puede cerrar este año en el 8% del PIB, tal y como auguran las cajas de ahorros, lo que supondría una desviación de más de 20.000 millones de euros sobre el objetivo. Y para 2012, el objetivo es reducir los números rojos de España hasta el 4,4% del PIB. Todo esto supone, como avanzó ABC, que los próximos Presupuestos deben incluir un ajuste de al menos 30.000 millones de euros. Además, la actividad se ha estancado y el nuevo gabinete se encontrará con el inicio de una nueva fase recesiva, que puede verse acentuada por los nuevos ajustes y la restricción del crédito. Y por último, el nuevo Ejecutivo hereda la friolera cifra de cinco de millones de parados.
Con este escenario, los inversores no darán ni cien días de gracia ni quizás un mes al nuevo Ejecutivo. Los ajustes y las reformas para impulsar el crecimiento deben estar encima de la mesa en los primeros días de mandato. La pregunta ahora es si España resistirá hasta que se forme el nuevo Gobierno a finales de año o tendrá que pedir ayuda exterior antes de ese momento.
