Los frentes del campo andaluz contra el Gobierno que alientan las nuevas protestas

El campo andaluz está sitiado. Actualmente, son tantos los frentes abiertos con el Gobierno central, que ya ha avisado de que en cuanto la pandemia lo permita, volverán a sacar los tractores a la calle. Igual que lo hicieron hace justo un año, protagonizando la oleada de protestas agrarias más importantes de este siglo.

La semana pasada, a modo de avanzadilla, se sucedieron ya algunas manifestaciones en Granada, Jaén y Almería, y parece que esta va a ser la tónica habitual en los próximos meses. Razones no les faltan a los productores andaluces, pues a la crisis de precios que ya atravesaba el sector, se ha sumado en el último año las restricciones comerciales derivadas de la pandemia del Covid-19 y diversas normativas aprobadas por los tres ministerios cuyas ramificaciones tocan al sector agrícola y ganadero, como son los de Agricultura, de Transición Ecológica y Consumo. Normativas que cuentan con el rechazo unánime de todas las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía).

Así, los posibles efectos adversos de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 en Andalucía; la protección del lobo frente a la ganadería extensiva, la depreciación de productos agroalimentarios como el jamón ibérico que hace el etiquetado Nutriscore; además del mantenimiento de los aranceles en Estados Unidos a la aceituna de mesa y el aceite de oliva -entre otros productos-, junto a la «fallida» reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, supone gasolina más que suficiente para avivar las nuevas protestas agrarias.

La nueva reforma agraria

Andalucía está en pie de guerra ante las consecuencias que puede traer al campo los planteamientos del Gobierno de cara a la nueva reforma agraria que entrará en vigor en 2023. La postura del ministro Luis Planas sobre la convergencia «brusca» de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en el periodo transitorio (2021 y 2022) y las manifiestas intenciones sobre el modelo futuro para el reparto nacional de los fondos supondrá «que los más de 232.000 perceptores andaluces pierdan en torno a un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (por el concepto del pago base y el pago verde) y que entre 54.000 y 120.000 agricultores y ganaderos queden fuera del sistema de ayudas», según los datos manejados por las organizaciones firmantes.

El pasado miércoles, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía se reunían en Sevilla con el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio, Fernando Miranda, tras haber pedido previamente los representantes del sector en conjunto al ministro del ramo, Luis Planas, «que retire el documento de transición de ayudas de la PAC o que dimita».

En dicha reunión nadie se movió de su sitio. Así, desde el Ministerio se ha rechazado que sea una convergencia brusca y se ha puesto el acento en que «se venía de una transición extraordinariamente lenta», pues «mantener ese ritmo retrasaría la convergencia completa hasta 2036».

Ante la insistencia por parte del Gobierno de ser consecuentes con el Real Decreto de transición de ayudas de la PAC, organizaciones agrarias y cooperativas han anunciado que una vez la situación sanitaria lo permita, «los tractores volverán a salir a la calle para reclamar una PAC justa con el sector agroalimentario andaluz».

Protección al lobo

Asaja, COAG y UPA han criticado el «desprecio» y el «abandono» del Gobierno a los ganaderos «que se enfrentan a los lobos cada día», y han anunciado movilizaciones de protesta contra la orden por la que se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España.

Así lo han anunciado las organizaciones representativas de los ganaderos, tras reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda. «Ante la falta de voluntad» del Ministerio de Transición Ecológica, que «no está dispuesto a retirar una orden que expulsaría a miles de ganaderos de extensivo», los productores se movilizarán.

Según han advertido en un comunicado conjunto, el «blindaje» del lobo por parte del Ministerio «sacará a las calles a miles de ganaderos españoles». Así, han destacado que, «lejos de ser una pataleta», los productores se movilizarán para lanzar un grito de auxilio y revertir la que consideran una medida «perniciosa y sectaria que les causará graves problemas».

Cabe recordar que, en Andalucía, el lobo mantiene su presencia en Sierra Morena, concretamente en las zonas tradicionales de Cardeña, Montoro, Andújar y Despeñaperros, y está en expansión en toda la Península Ibérica. En 2016, el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, en el marco del Consejo Andaluz de la Biodiversidad, presentó un programa para la recuperación del lobo ibérico en las sierras andaluzas, que contó igualmente con el rechazo de todo el sector.

«Nutriscore»

El semáforo nutricional europeo que se va a implementar en España este año también ha protagonizado en las últimas semanas grandes enfrentamientos entre el sector agroalimentario andaluz y el Gobierno, en este caso, el Ministerio de Consumo.

La primera polémica surgió en el seno del sector oleícola, quienes denunciaron que esta catalogación no posicionaba bien al aceite de oliva, pues equipara al virgen, virgen extra (AOVE) y oliva, entre otros, a los aceites de colza, otorgándole peor calificación que otros alimentos a los que se denominan «comida basura».

El sector denunció que este semáforo no tiene en cuenta las «más que demostradas» propiedades saludables y beneficiosas para la salud del aceite de oliva, por lo que Nutriscore comete «un atropello que dañará irremediablemente la imagen y la reputación de uno de los productos agroalimentarios más prestigiosos del país como es el aceite de oliva».

Ante este polvorín, Consumo ha anunciado que se excluirá al aceite de oliva del sistema de etiquetado frontal Nutriscore, señalando que ese sistema «no es perfecto, y tiene un déficit en aquellos productos que sólo tienen un ingrediente, como el aceite de oliva», y por eso, el Gobierno, «sabiendo que es necesario aprobar el Nutriscore», ha llegado «a un acuerdo con las distribuidoras para que el aceite de oliva no se vea perjudicado».

Salvado este escollo, ahora son el jamón ibérico y el queso los que piden salir del sistema. Y es que en el caso del jamón ibérico, Nutriscore pretende calificarlo en la penúltima categoría (letra D), pese a que las grasas, que son las que penaliza, son insaturadas.

En el mismo sentido se posicionan ganaderos y fabricantes de quesos, que denuncian que la mayor parte de estos productos se verán penalizados con las categorías D y E, alegando que es un alimento fundamental en la dieta mediterránea y un pilar económico en muchas zonas rurales.

Aranceles y diplomacia

El anuncio por parte de Estados Unidos de no revisar los aranceles en vigor, manteniendo el 25% sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna de mesa verde de origen español supone «un nuevo fracaso de la diplomacia europea y española», en un momento en el que se miraba con esperanza la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Las consecuencias de dichos gravámenes, iniciados por la Administración de Trump, están siendo muy lesivos para el sector olivarero andaluz. El sector entiende que «Europa y el Gobierno español no han sabido solucionar un conflicto que se alarga en el tiempo y que ha sacado al aceite y la aceituna andaluza del mercado más importante fuera de la UE, tras haber realizado inversiones millonarias durante las últimas dos décadas».

Por su parte, Planas ha reconocido la «inquietud» de los sectores afectados, pero asegura que «de aquí a agosto, fecha de la última revisión, se pueda negociar con Estados Unidos la eliminación de estos aranceles injustos». El problema es que al sector olivarero se le agota la paciencia.

Precios justos y leal competencia

Caravanas de agricultores en vehículos ya han tomado las carreteras en Granada, Jaén y Almería para reclamar «soluciones» a la «crisis» que arrastra el sector a causa de la sobreoferta de productos que llega al mercado europeo de países terceros, que están «tirando los precios».

Tomates a 20 céntimos cuando producirlos cuesta 40, precios de ruina en el aceite del olivar tradicional… Los productores han pedido que se revisen los tratados de libre comercio, al considerar que provocan «competencia desleal» y han demandado que «la exigente normativa europea en fitosanitaria también se aplique a los productos que vienen de otros países, como Marruecos», así como aumentar las inspecciones para detectar el fraude del reetiquetado.

Los agricultores han lamentado también que la reforma de la Cadena Alimentaria, por la que se obliga a incluir en los contratos que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción, «lejos de ayudar está creando más problemas por la dificultad para su aplicación».