Menos del 8% del aceite almacenado en el Patrimonio Comunal Olivarero es extranjero
El patronato someterá a votación si se prohíbe llenar los depósitos con aceites importados
La propuesta de prohibir que en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero (PCO) se almacene aceite de oliva de origen extranjero va ganando adeptos. El último en posicionarse ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha anunciado que ha dado orden a los cuatro representantes designados por el Ministerio en el patronato del PCO de que voten a favor de esta propuesta, una iniciativa de la organización agraria UPA y apoyada también por COAG (que cuentan con dos representantes cada una).
Así pues, a finales de este mes de julio, en concreto el próximo día 28 si nada lo impide, se someterá a votación la prohibición del almacenamiento de aceites extranjeros en las instalacionesdel Patrimonio Comunal Olivarero, propuesta que según parece ya contaría, al menos, con seis votos a favor.
Una solicitud que viene motivada por «el importante aumento de las importaciones de aceite de oliva extracomunitario que está agravando, aún más, la delicada situación de precios por la que atraviesa el sector», declara Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén.
No obstante, hay otros patronos que creen que esta medida, de aprobarse, «poco o ningún efecto va provocar en los precios del aceite», ya que «casi todos los operadores oleícolas que alquilan tanques en el Patrimonio Comunal Olivarero cuentan también con bodega propia».
«Si no pueden almacenar los aceites extranjeros en los depósitos del PCO lo guardarán en sus propias instalaciones y derivarán a los almacenes del Patrimonio los aceites de origen nacional, pero no van a dejar de importar aceites por ello». Por tanto, «seguirán entrando los mismos aceites, pues las importaciones no son ilegales siempre y cuando se encuentren dentro del actual contingente autorizado por la Unión Europea».
Entidad privada
Cabe recordar que la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero es una entidad privada, sin ánimo de lucro, dedicada a realizar iniciativas en beneficio del conjunto del sector del olivar. Está formada por las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias), además de por entidades del sector oleícola como la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva), la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva). Además, cuenta con representación tanto de la Administración regional como nacional.
Una de sus fortalezas reside en la red de depósitos para almacenar aceite que posee, con un total de 11 almacenes disponibles repartidos por distintas comunidades autónomas, aunque la gran mayoría están situados en Andalucía.
El de Sevilla, en concreto, se localiza en el municipio de Marchena y cuenta con una capacidad de hasta 19.200 toneladas. No obstante, la capacidad de toda la red de almacenamiento es de 400.000 toneladas, aunque rara vez está llena. De hecho, la cantidad almacenada el año pasado fue de sólo 148.156 toneladas.
El contrato
El Patrimonio Comunal funciona alquilando sus depósitos y tanques exteriores a aquellas empresas oleícolas que necesitan almacenar su producto, con las que suscriben un contrato en función a una tarifa. Contrato en el que únicamente se exige indicar el tipo de producto a almacenar y la calidad, «pero no hay obligación de indicar el origen, por lo que hay operadores que lo comunican y otros que no», explica el director gerente, Ricardo Domínguez García-Baquero.
De hecho, del aceite de oliva almacenado en los que sí se ha registrado el país de origen «apenas entre un 5-8% es de origen extranjero, mientras que más del 90% es de origen español», informa el directivo.
Por tanto, de aprobarse la propuesta tampoco supondría grandes cambios en la gestión del Patrimonio, aunque «la procedencia del aceite pasaría a ser un requisito obligatorio y no voluntario en los contratos», señala Domínguez García-Baquero.
Por su parte, tanto desde la organización agraria COAG como desde UPA han mostrado su satisfacción por el apoyo del Ministerio de Agricultura a esta propuesta, ya que «hemos confirmado que es cierto el considerable aumento de las importaciones y del almacenamiento de aceite de oliva extracomunitario en unas instalaciones que no deben estar para servir a los intereses y al enriquecimiento de determinadas empresas».
A este respecto, Cristóbal Cano señala que «entendemos que la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero debe velar por los intereses del aceite de oliva español y no permitir el alquiler a empresas que se quieren beneficiar con la importación de aceite no comunitario, mucho más barato, ayudando a hundir nuestro mercado».
Por último, ha hecho un llamamiento al resto de los miembros del patronato de la Fundación «para que se sumen a esta iniciativa».
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