José Manuel Roca: «Hace falta un análisis de costos y efectos que no se hace de forma adecuada»
El incremento de costos y la falta de diálogo con el sector podrían reducir la producción y afectar la competitividad, alertan desde la industria
José Manuel Roca es el responsable de ganadería de Asaja Sevilla, una organización que defiende los intereses de los ganaderos de la provincia. Con una sólida experiencia en el sector porcino, Roca habla sobre la nueva normativa que entrará en vigor el 8 de marzo en el sector del porcino, explicando sus implicaciones y cómo afectará a los productores de la región.
-¿Qué impacto cree que tendrá la nueva normativa de bienestar animal, especialmente el incremento del espacio por animal y la obligación de destinar superficie a zonas de observación y aislamiento, en la capacidad productiva de las explotaciones porcinas?
La normativa provocará un aumento de los costos, ya que las explotaciones deben adaptarse a estos nuevos requisitos. Esto llevará a una disminución de la producción porque la misma superficie tendrá que ser repartida entre más espacio por animal. Esto reduce la rentabilidad y genera más burocracia, con plazos muy ajustados para la adaptación. A largo plazo, se puede observar cómo otros países sin estas restricciones competirán con productos a menor precio, lo que afectará la competitividad de nuestras producciones. En general, parece que no se está considerando el impacto sobre el consumidor, y lo que realmente se necesita es mejorar la calidad en la producción. Este sector, especialmente el ibérico, es muy moderno y fundamental para la economía nacional, por lo que esta normativa tendrá efectos negativos.
¿Cómo valora la necesidad de instalar aparatos de medición para controlar la concentración de gases y el aumento de los costes que esto puede implicar para los ganaderos? ¿Cree que estas medidas son viables a nivel práctico para la mayoría de las explotaciones?
Esta situación ya está llegando a un punto extremo, como si tuviéramos que pintar a los animales de amarillo. Las medidas pueden implementarse, pero lo que falta es un análisis de los efectos de la normativa. La paradoja es que, al intentar mejorar el bienestar animal, podríamos terminar enviando todos los animales al matadero debido a los costos adicionales que implican las nuevas medidas, como el control de gases. Estas medidas aumentan los costos inmediatamente y deberían ser evaluadas de manera más profunda, analizando el impacto real. Las normativas no se están adaptando a la viabilidad económica. Los productores tendrían que vender la carne a precios mucho más altos, lo que afectaría el margen y trasladaría el incremento de costos a la cadena. En resumen, hace falta un análisis de costos y efectos que no está siendo hecho adecuadamente.
La organización Unión de Uniones ha pedido una moratoria en la aplicación de la nueva normativa. ¿Qué opina sobre esta solicitud y qué alternativas o soluciones considera que podrían implementarse para asegurar el bienestar animal sin comprometer la viabilidad económica del sector porcino?
Lo que falta aquí es un mayor diálogo con el Ministerio. Debe haber consenso y un análisis con la participación de expertos y la comunidad científica. Es importante que se evalúe si la normativa se puede aplicar de manera más flexible, como reducirla a la mitad, un tercio o un cuarto. En lugar de imponer decisiones sin consultar al sector, el Ministerio debería abrir más canales de comunicación. El sector necesita ser escuchado, ya que si no se toman en cuenta sus preocupaciones, podría haber malestar y correcciones posteriores. Además, dado el plazo ajustado, se debería pedir una extensión para adaptarse a los cambios, y sobre todo, más interlocución con la comunidad científica.
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