Nueva vuelta de tuerca a las cajas de ahorros. Y dosis extra de incertidumbre regulatoria para uno de los sectores clave de la economía española. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que el Ejecutivo ultima un «plan» para acelerar la conversión de las cajas en bancos del que sólo aseguró que «no tardará mucho en ser presentado». No hubo más detalles. Ni sobre el fondo, ni sobre la forma.
En el sector, la declaración de intenciones de Rubalcaba ha hecho saltar las alarmas. Altos ejecutivos de varias entidades de ahorros contactados por ABC afirman que si el cambio incluyera modificaciones legales supondría un fuerte golpe para la imagen del país, pues se modificaría una ley que cuenta con apenas seis meses de vida. «La entrada de los inversores privados en nuestro capital también se está complicando porque no tienen la seguridad de que el Gobierno no vaya a cambiar de un día para otro la legislación», declara el máximo ejecutivo de una de las entidades de ahorros más solventes. «Y Rubalcaba les ha dado más argumentos», concluye.
El miedo a introducir incertidumbre es lo que ha llevado también al Ministerio de Economía a rechazar una y otra vez que se vayan a hacer estas reformas legales, aunque se insista en que es inminente la puesta en marcha de un plan para recapitalizar las cajas y aumentar su transparencia, de modo que puedan captar financiación en los mercados.
Pero el problema no es sólo que se apruebe o no un decreto. La clave es que después hay que ratificarlo en el Parlamento y, al menos por el momento, no se tienen los apoyos necesarios. El PP, que sí dio su visto bueno a la puesta en marcha del FROB, insiste ahora en que el Banco de España tiene en sus manos los instrumentos necesarios para recapitalizar las entidades de ahorro y que sólo tiene que aplicarlos. Por lo que rechaza dar su apoyo a los nuevos cambios. Los partidos nacionalistas, muy ligados a sus respectivas autonomías, tampoco parecen los más indicados para apoyar la conversión de cajas en bancos. Y lograr el apoyo de la izquierda de la Cámara todavía parece más complicado.
Con estos ingredientes encima de la mesa la guerra está abierta, y no sólo entre el Ministerio de Economía y el Banco de España. Moncloa parece haberse aliado con el departamento que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez y ha dejado entrever su disposición a legislar para aplicar la recapitalización de las cajas por decreto. El Ministerio de Economía, sin embargo, ha hecho suyos algunos argumentos del sector y, junto con las cajas, se resiste a aplicar cambios legislativos. El pulso está echado y a estas alturas de la batalla, el Banco de España, al lograr el apoyo de Zapatero y Rubalcaba, parece tener la sartén por el mango. A no ser que finalmente no se consigan los apoyos parlamentarios suficientes y el Ejecutivo tenga que buscar vías de recapitalización sin aplicar cambios en la ley.
Cambios legales
Así, en el caso de que se opte por reformas legislativas, las vías de trabajo en el Ministerio que pilota Elena Salgado son dos. En un primer lugar, una reforma enfocada a eliminar la posibilidad que actualmente se ofrece a las entidades de mutualizar un mínimo del 40% de sus beneficios en un SIP y obligar a que en todos los casos fuera del 100%. También se baraja suprimir la opción de fusión tradicional entre dos entidades de ahorros, obligando así a la creación de un banco central con el que salir a los mercados. Esta posibilidad cuenta con el beneplácito del Banco de España pero con la oposición frontal de las cajas y del propio secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.
Otras opciones para las que no serían necesarios esos cambios, ya que la regulación actual ya lo permite, sería incentivar que las cajas opten por el modelo que pretende aplicar La Caixa, separando la obra social del puro negocio financiero.
Asimismo, la opción que defienden desde el sector de las cajas es hacer uso de los instrumentos que ofrece el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Ley de Cajas. En concreto, el FROB ya contempla la posibilidad de conceder de forma temporal ayuda para aumentar los fondos procedentes de inversores privados y tomar participaciones en entidades y, de hecho, también refleja la opción, eso sí, temporal, de inyectar capital de forma directa.
Pese a las discrepancias en el seno del Ejecutivo y entre el supervisor y las entidades afectadas, Rubalcaba insistió ayer en que el «plan» del Gobierno se está elaborando mano a mano entre el Ministerio de Economía, la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) y el Banco de España.
