Con los datos de solvencia de cada entidad financiera española conocidos hasta ahora, al menos una decena de ellas no cumplirían las nuevas exigencias de capital y reservas que el Gobierno incluirá en su plan para reforzar el sistema financiero y por lo tanto necesitarían recapitalizarse o permitir su nacionalización. Son Banco Sabadell, Banca Cívica, el nuevo Banco Financiero y de Ahorros —SIP integrado por Caja Madrid y Bancaja, entre otros—, Bankinter, Caja Mediterráneo, Unnim, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y la fusión entre Caja España y Caja Duero. Todas ellas, salvo Bankinter y Banco Sabadell, ya recibieron en su momento 10.252 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el 88% de los 11.600 millones que este ha destinado a la reestructuración del mapa financiero.
Además, algunas de esas cajas a día de hoy nacionalizables no han terminado sus procesos de integración y tienen apalabrada con ese Fondo una segunda ronda de inyecciones de dinero público. Así, CatalunyaCaixa —fusión entre las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa— está pendiente de recibir 1.000 millones que se sumarían a los 1.250 millones que solicitó e ingresó en una primera emisión. Por su parte, Unnim —Manlleu, Sabadell y Terrasa— anunció ayer que espera recibir 200 millones más, adicionales a los 380 cobrados en marzo (ver gráfico). El resto de entidades descartan solicitar más ayudas al FROB pero, en total, el montante público alcanza ya los 11.452 millones y se sumaría así a los 20.000 millones que según la vicepresidenta económica, Elena Salgado, necesita el sector para ser solvente, y que bancos y cajas tienen que conseguir de aquí a septiembre.
Ayer, y ante el silencio guardado por las entidades, se comenzaba a estimar cuánto necesita cada una para alcanzar el 8% de «core capital» (indicador de solvencia) que el Ejecutivo exigirá en septiembre. Fuentes del mercado aseguraron que el SIP de Caja Madrid y Bancaja será el que más: 2.000 millones de euros. Y que Bankinter unos 385 millones. El problema, según los mercados, es cómo afrontarán ese objetivo. Con el acceso a los mercados de capital dificultado por la coyuntura económica, cobra fuerza la opción de vender activos, principalmente pisos e inmuebles en su cartera, de los que las entidades tendrían que deshacerse a precios por debajo del mercado.
Como fuere, el FROB ya dio ayer orden a diversos bancos colaboradores —Citi, Santander, RBS, Société Générale y HSBC— para que próximamente, «mucho antes de dos semanas» según expertos citados por Europa Press, celebren una emisión de deuda con la que recaudar los primeros 3.000 millones que se inyectarían a las entidades en apuros.
Reacciones políticas
El anuncio realizado el pasado lunes por el Ministerio de Economía sobre el futuro de bancos y cajas fue ayer el tema del día en el terreno económico, pero también en el político. El Partido Popular, a través de su responsable económico, Cristóbal Montoro, aseguró que en Génova no gustó «nada» el plan y que se ve «muy discutible». Al respecto, fuentes del partido aseguraron a este diario que en los próximos días Mariano Rajoy podría explicitar su rechazo al decreto avanzado por Salgado. Aun así, el Gobierno podría sacarlo adelante con los apoyos de CiU y PNV, que no lo ven mal.
Sin embargo, el anuncio de Economía sobre bancos y cajas fue recibido con distintos estados de ánimo según la comunidad autónoma. Donde más rechazo provocó fue en Galicia, pues según la Xunta de Alberto Núñez Feijóo el plan —y los nuevos requisitos que impone— llega sólo un mes después de dar el visto bueno al proyecto de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, ahora Novacaixagalicia. Molestó, por tanto, que ahora se le exijan unos criterios diferentes.
Tampoco pasó desapercibido en la Comisión Europea. Fuentes del departamento del comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, advirtieron que cualquier rescate de las cajas con dinero público tiene que recibir el visto bueno del Ejecutivo comunitario, en aras de respetar la normativa europea sobre ayudas de Estado al sector financiero, que condiciona la ayuda pública a un plan de reestructuración que asegure su viabilidad. La idea tiene la lógica comunitaria que dice que no se pueden emplear fondos públicos en favorecer a determinadas entidades, en este caso las cajas, y que después ellas utilicen los fondos para competir, por ejemplo, con bancos que no han recibido euro alguno de las arcas del Estado.
Primeros contactos
A pesar de la advertencia, la Comisión consideró positivo el plan anunciado por Salgado en tanto en cuanto supondrá un reforzamiento de las cajas y, como consecuencia, podrán dar créditos a las empresas y a las familias españolas, al tiempo que reforzarán la confianza en el conjunto del sector financiero español. El Gobierno español inició ya los contactos con la Comisión sobre este asunto aunque ayer en Bruselas no se quisieron ofrecer detalles al respecto, ni tampoco comentar si el plazo dado hasta septiembre es o no adecuado, habida cuenta de que antes del verano se realizará la segunda edición de las pruebas de estrés al sector bancario europeo.
