Las empresas con beneficios, como Telefónica, podrán poner en marcha planes de prejubilaciones siempre y cuando no cuesten ni un euro al contribuyente. Así lo explicó ayer la ministra de Economía, Elena Salgado: «Tendrá derecho a reorganizarse cualquier empresa con beneficios, pero el coste tendrá que asumirlo esa misma empresa», afirmó.
EFE
César Alierta
Argumentó, en este sentido, que las compañías deben poder organizarse de acuerdo con la opinión de sus accionistas y con la decisión que pueda tomarse en su consejo de administración pero, en su opinión, no parece «muy razonable» que dicha reorganización tenga que ser asumida por el resto de contribuyentes. Según dijo la ministra, la «clave» está en que dichas reorganizaciones en las empresas con beneficios no supongan un coste para los contribuyentes, para el resto de los trabajadores y para la Seguridad Social.
De momento, el Gobierno tiene una semana más para negociar el endurecimiento de las prejubilaciones, ya que se ha ampliado siete días el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de las políticas activas de empleo y al de reforma de las pensiones, y es en uno de estos dos, probablemente en el primero, en el que el Ejecutivo quiere introducir los cambios. Se trataría de que los prejubilados de empresas con beneficios no puedan ir al paro y tengan que ser las compañías las que paguen a sus empleados el total de la indemnización, también la parte que ahora cubren los servicios de empleo.
Respecto al ERE de Telefónica, CC.OO. se mostró dispuesta a alcanzar un acuerdo con la compañía «siempre que se introduzcan cláusulas para garantizar que estas medidas no tendrán efectos negativos en los empleados. El sindicato criticó, además, «el doble discurso» de los ministros que, por una parte, no les gustan las medidas —en alusión al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba— y, por otra, olvidan que la autorización y regulación depende de ellos. Cree además CC.OO. que se ha dado un tratamiento «asimétrico, exagerado e interesado» al anuncio de Telefónica de reducir un 20% su plantilla en España.
