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Mientras que Atenas vive esta semana las consecuencias de las aplicaciones de recortes y cambios en los transportes públicos de la capital con huelgas diarias, que incluyen algunos días a los taxistas, toda Grecia vive al compás de la aplicación de las medidas de austeridad del Gobierno.
El ministro de Finanzas se entrevistó este fin de semana con Christine Lagarde y otros muchos altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, así como con sus colegas europeos y dejó bien claro que Grecia seguirá en la zona euro, cumplirá con sus compromisos y los representantes de la troika volverán a Atenas, dando por sentado que no habrá quiebra soberana. Será mañana cuando el parlamento griego deberá votar el nuevo impuesto extraordinario sobre las propiedades inmobiliarias que se aplicará de inmediato y se cobrará en las facturas de la electricidad.
Se necesitan los 8.000 millones para seguir pagando sueldos y pensiones
Otra de las medidas esperada por la troika se espera hoy: 151 compañías y empresas estatales (entre las que se encuentran hasta instituciones dedicadas a cuidar personas discapacitadas) deberán enviar al Gobierno la lista del 10% de su personal que pasará a la denominada «reserva laboral»: abandonarán su trabajo, recibiendo durante un año el 60% de su salario y después serán evaluados de nuevo, algunos «recolocados» en el sector público y los demás despedidos. Ello afecta a 4.200 empleados de los 42.000 que trabajan en estas empresas. La troika espera que este proceso se aplique a 30.000 empleados estatales hasta finales de año.
