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La decisión del FROB de vender Caja Mediterráneo (CAM) al Banco de Sabadell pone fin a una trayectoria de 136 años durante la cual la caja de ahorros ha estado estrechamente vinculada al tejido empresarial de la provincia de Alicante.
Aunque la entidad nació en 1875, tras la guerra civil se refundó como Caja de Ahorros del Sureste de España, fruto de la fusión de pequeñas entidades como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, la Caja de Ahorros de Elche, la Caja de Ahorros de Cartagena, la Caja del sindicato católico-agrícola «El progreso» de Caudete y la Caja Regional Murciano-Albacetense.
El primer director general de la entidad resultante, Antonio Ramos Carratalá, sería luego el responsable de trasladar la sede a Alicante y poner en marcha una ambiciosa obra social que permitió, por ejemplo, desarrollar el barrio de la Sagrada Familia, en Elche.
Siete décadas después, otra fusión —la diseñada junto a Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura—, que quedó frustrada el pasado mes de marzo debido a la falta de acuerdo entre los socios, hizo aflorar la delicada situación de la entidad alicantina.
Una política de expansión demasiado agresiva, en pleno «boom» del ladrillo, había hecho que Caja Mediterráneo asumiera elevados riesgos en el sector inmobiliario, en forma de créditos por un valor próximo a los 16.000 millones de euros que ahora resultan de dudoso cobro. La CAM es también la entidad financiera a la que han recurrido, en primera instancia, las administraciones públicas de la región: está a la espera de recuperar créditos concedidos a la Generalitat Valenciana por importe de 1.000 millones de euros y a distintos ayuntamientos por otros 430 millones.
Tras la ruptura de la anunciada fusión con Cajastur, se aceleró el deterioro de la cuenta de resultados de la CAM, que en el primer semestre de 2011 registró unas pérdidas de 1.136 millones de euros. Unas cifras que llevaron al Banco de España a intervenir la entidad el pasado mes de julio. Los elevados sueldos de sus ex directivos —la directora general María Dolores Amorós pactó una pensión vitalicia de 370.000 euros al año— no han hecho sino amplificar la polémica.
