
«La UE debe dejar claro qué tipo de agricultura quiere»
Los agricultores insisten en el Comité Económico y Social Europeo en que no es viable reducir un 50% los fitosanitarios
El partido de la agricultura andaluza se juega en la UE, incluso a largo plazo es innegable que todo lo que pase en Bruselas tiene su efecto en la región. Y, en Europa, las cosas se hacen a años vista. Por eso no es de extrañar que la PAC pos 2027, incluso recién estrenada la PC 2023-27, ya protagonice debates e informes.
El pasado miércoles, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), reunió a agricultores europeos para poner sobre la mesa este tema y otros relacionados con el futuro del campo, como la futura legislación del Reglamento de Uso de Fitosanitarios (SUR). Según detalló Ricardo Serra., presidente de Asaja Andalucía, y miembro del CESE, se hizo patente que la UE «debe tener claro qué tipo de agricultura quiere». Por fechas, la siguiente PAC no se prevé que entre en vigor hasta 2029, aunque se comenzará a negociar al detalle en 2025, según el presidente de Asaja Sevilla.
«La inflación, los fenómenos climáticos adversos y los efectos del Covid ha hecho que mucha gente en Europa se replantee la necesidad de garantizar la supervivencia de la agricultura, primando la rentabilidad», concretó Serra. Precisamente, esa es la idea que siempre ha defendido el campo andaluz: las políticas agrarias europeas no deben priorizar el aspecto medioambiental frente a la rentabilidad del sector.

Legislación de fitosanitarios
Por otro lado, el sector hizo frente común contra la legislación que quiere reducir el uso de fitosanitarios un 50%. De hecho, los agricultores cuestionaron cómo se va a hacer la medida, por qué ese porcentaje y si se darán alternativas contra las plagas.
«Existe un rechazo absoluto entre los agricultores, que además se preguntan cómo va a ser la misma norma para los países mediterráneos, por ejemplo, que para los nórdicos, menos achacados por las plagas», aseguró Serra. Además, insistieron en la necesidad de establecer cláusulas espejo que impidan que terceros países sí puedan usar los productos fitosanitarios prohibidos en la UE.
Prioridades en la presidencia española
Por otra parte, hay que destacar que el próximo 1 de julio, apenas en cinco días, comenzará la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Seis meses en los que el campo buscará hacer presión para que, al fin, los temas agrarios se conviertan en una prioridad para Bruselas con buena orientación.
Sin embargo, el Gobierno español no parece compartir la necesidad de poner al sector agrario en el centro de las políticas europeas, pues en la presentación de sus prioridades, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no nombró nada que tuviese que ver con el campo.
«En la presentación española no tuvieron cabida los asuntos agrarios, pese a que la mayor parte de la regulación, la normativa y el presupuesto agrario tienen su origen en Bruselas», censuraron desde Asaja.
Los agricultores españoles, y muy especialmente los andaluces (que suponen 1 de cada 3 beneficiarios de la PAC) y que están sumidos en una pertinaz sequía.
«Estamos en una situación alarmante, donde la Comisión Europea propone regulaciones muy restrictivas, que no tienen en cuenta la realidad socioeconómica y climática que existe en el campo», aseguran. Por ello, han elaborado un listado de medidas que, según el sector, «deberían ser prioridades» para la presidencia española en Europa.

Paralización de leyes polémicas
Para empezar, quieren que se paralice la ya nombrada legislación del Reglamento de Uso de Fitosanitarios (SUR), y la polémica Ley de la Restauración de la Naturaleza, cuya aplicación podría hacer desaparecer gran parte de los terrenos destinados a producción agrarias.
«Resulta ilusorio reducir la superficie cultivable, a costas de los fondos de la PAC, a la vez que querer garantizar la seguridad alimentaria en la Unión Europea sin acudir a importaciones de países que en ningún caso cumplen con estas medidas», insisten.
De otra parte, quieren que tenga hueco en la agenda española la idea de mejorar la propuesta legislativa para las Nuevas Técnicas de Edición Genética (NGTs) para que se consideren fuera de la reglamentación de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), y que tanto la mutagénesis (un conjunto de técnicas para obtener variedades en la que la más popular es la conocida como CRISPR), o la cisgénesis queden catalogados como «no OGM».
«Hay que seguir innovando en producción agrícola», insistían desde la organización agraria, asegurando que, ante unas condiciones climáticas cada vez más adversas, y el reto de alimentar a una población creciente, hacen falta nuevas variedades más resistentes a la sequía y a las plagas.

Más presupuesto
Por otro lado, proponen ampliar el presupuesto de la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), post 2027. El sector agrario, insisten desde Asaja, «necesita inversiones para fomentar la modernización de los regadíos», entre otros objetivos.
Además, reclaman a España que lidere «una petición para incrementar exponencialmente la reserva de crisis», con el fin de poder hacer frente a problemas externos del sector pero que influyen en la actividad agraria, como la guerra de Ucrania, la inflación, los costes de producción o la sequía. También han propuesto crear un organismo europeo que asegure el control de fronteras para impedir la entrada de posibles plagas fitosanitarias a la UE.
Por otra parte, quieren que se reconozca el papel de los agricultores en el desarrollo rural y la conservación del medioambiente, viéndolos como un pilar sostenible, que es lo que son, y no como una amenaza para el entorno.

Bienestar animal
En cuanto al sector ganadero, desde Asaja abogan por el statu quo para la Directiva de Usos Industriales (IED), con el objetivo de que no se compare el sector agropecuario con industrias pesadas como son la automovilística o a ferretera.
De otro lado, quieren ponderar las propuestas que se publicarán el próximo otoño sobre bienestar animal con respecto a las buenas prácticas en granjas, transporte, matadero y etiquetado. «el fin de las jaulas significaría la ampliación de la superficie de las granjas para que los ganaderos no perdieran rentabilidad», aseguran. Sin embargo, esto choca con la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que defiende la reducción de superficie agraria.
Restricciones de transporte
Asimismo, reclaman no volver a mataderos de cercanía como imposición, «ante la inseguridad jurídica que provoca». Tampoco, insisten, se deben permitir las restricciones para el transporte de animales vivos por vía marítima «debido a la importancia de nuestro comercio con los países, por condiciones de calor en horas máximas al ser país de periferia y en el norte de África».
Desde Asaja reclaman, a su vez, «paralizar el acuerdo comercial del Mercosur» por la imposibilidad de competir con los mismos estándares, y no facilitar más acceso a Nueva Zelanda en los mercados españoles de carne.
El control de fronteras para evitar la entrada de enfermedades animales, la declaración del lobo como especie cinegética a nivel europeo y modificar la normativa de la tubercolosis para aquellas zonas donde no es posible erradicarla, son otras de las medidas que reclaman a la Comisión.