Alejandro León: «Ayudaría mucho el hecho de disminuir la dificultad para los ganaderos andaluces de construir nuevas explotaciones»
Alejandro León es el director de Araporc, entidad clave en la defensa y representación del sector porcino andaluz. Con una amplia trayectoria en la gestión y regulación de la producción porcina, el director de Araporc trabaja activamente en la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones ante los cambios normativos. En esta ocasión, aborda la nueva normativa de protección de cerdos, que entró en vigor este 9 de marzo y que supone una reducción del 14% en las plazas de alojamiento, además de nuevas exigencias que incrementan los costes para los ganaderos. Ahondamos en la situación y en las soluciones para intentar minimizar el impacto económico de toda esta situación.
– Cuál cree que será el impacto más inmediato de esta normativa en las explotaciones porcinas andaluzas y en la producción de cerdos en general?
La aplicación inmediata de las medidas contenidas en la mencionada normativa para la producción de porcino intensivo en Andalucía implicaría de hecho la pérdida de decenas de miles de plazas de alojamiento para cerdos (entre un 12 y un 14% del total), debido a la exigencia de aumento de superficie mínima disponible por animal según su peso.
Ante esa repentina falta de plazas, y puesto que en nuestra región existe de por sí un déficit de plazas de alojamiento por la gran eficiencia lograda en la producción, sería necesaria la adopción de medidas drásticas tales como el sacrificio de animales en etapas tempranas de desarrollo (lo que iría en contra de los más elementales fundamentos del bienestar animal), la venta de lechones para su engorde en otras regiones de nuestro país o la reducción del número de reproductoras, con el consiguiente perjuicio para la creación de riqueza y empleo en Andalucía.
Por otro lado, también se causarían notables perjuicios al pujante Sector de la Industria Cárnica de Andalucía que, tras haber realizado importantísimas inversiones, se encuentra preparada para faenar una producción superior a la producción actual de la región (no pudiendo por ello desarrollar todo su potencial de producción ya en la actualidad, teniendo que procesar producción de fuera de la Comunidad Autónoma), circunstancia que se vería seriamente agravada por la falta de producción que supondría la entrada en vigor del RD que nos ocupa.
– Desde su perspectiva, ¿qué alternativas o medidas podrían tomarse para equilibrar la protección del bienestar animal con la viabilidad económica de los ganaderos?
El sector productor de porcino intensivo ha propuesto una serie de medidas que pasan por la flexibilización en la aplicación de la nueva normativa de bienestar animal, sobre todo en lo referente a la reducción de superficies mínimas necesarias por animal, en función de las medidas de mejora del bienestar adoptadas en cada explotación (instalación de aparatos de medición y registro de emisiones de gases, nuevos requisitos referentes a la disponibilidad de alimento y agua y de materiales manipulables para los cerdos,…), siendo más beneficiadas en superficie mínima necesaria por animal aquellas explotaciones que adopten mayor número de esas medidas.
Además de esto, también se hace necesaria la concesión de una moratoria en la implementación de la normativa que nos ocupa que permita a los ganaderos una adaptación ordenada de sus instalaciones a las nuevas exigencias legales.
Ayudaría mucho en ese sentido al sector en Andalucía el hecho de disminuir la dificultad, por no decir imposibilidad, para los ganaderos andaluces de construir nuevas explotaciones e incluso de crear nuevas plazas en explotaciones ya existentes, debido, principalmente, a las trabas burocráticas y urbanísticas.
– ¿Qué respuesta han recibido hasta ahora por parte del Ministerio de Agricultura y qué expectativas tienen respecto a una posible flexibilización de la normativa
El sector productor porcino ha percibido en todo momento desde el Ministerio una actitud receptiva y dialogante respecto a las reivindicaciones de los ganaderos, habiéndose mantenido numerosas reuniones con los representantes de las distintas CCAA y asociaciones del sector con el fin de lograr un consenso para una implementación lo más equilibrada posible de la normativa sobre bienestar animal.
A consecuencia de todo ello desde el Ministerio se ha procedido en el día de hoy (7-03-2025) a someter a consulta pública el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, y se modifican varios reales decretos que pondrá una moratoria de un año adicional a la entrada en vigor del RD 159/23, que amplía el plazo de adaptación de las explotaciones existentes en el momento de la entrada en vigor del mismo en un año (esto es, en la práctica se concede una moratoria de un año para la adaptación de dichas explotaciones) y que, una vez publicado en el BOE, surtirá efectos desde el 9 de marzo de 2025.
De forma paralela se continúa trabajando en la modificación del Real Decreto 1135/2002 para desarrollar los diferentes tipos de alojamientos, con cambios en las densidades de ocupación de los animales, en función de las mejoras de bienestar animal adoptadas por cada explotación.
Escrito por
