Los siete imputados por el caso 'Bazar España' comparecerán ante la juez para notificarles el procesamiento
Los siete imputados por el caso del 'Bazar España' y los representantes legales de los responsables civiles subsidiarios -Ayuntamiento de Sevilla e Inmobiliaria Osuna- comparecerán esta semana en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla para que se les notifique personalmente el auto de apertura de juicio oral, en el que han sido imputados por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y se les ha impuesto además una fianza de 1, 5 millones de euros (250 millones) a cada uno para garantizar la posible responsabilidad civil a la que pudiera haber lugar.
En concreto, la juez Rocío Pérez-Puig ha citado para el martes al director facultativo de la obra y autor del proyecto de demolición, el arquitecto Luis Recuenco Aguado, y a los aparejadores Antonio Camero y Dionisio García, así como al técnico de Conservación de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) José David Muñoz de la Torre.
Para el miércoles han sido citados los otros tres imputados, el jefe de licencias y disciplina de la GMU, Juan García Gil, y los técnicos de dicho departamento Juan Mauduit Morón y Francisco López Larrañaga. Ese mismo día han sido citados los representantes legales de la GMU y de la inmobiliaria Osuna, tras decretarse la responsabilidad civil subsidiaria de ambas. La juez requirió a los siete imputados para que hicieran además frente a una fianza de 1, 5 millones de euros que, en el caso de los cuatro funcionarios municipales, la GMU ya ha anunciado que asumirá dicho pago. El auto de apertura de juicio oral atribuye a los siete procesados la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia grave, tal y como había puesto de manifiesto la Audiencia de Sevilla, frente a la tesis de la Fiscalía hispalense, que ha mantenido la postura del juez que instruyó inicialmente la causa, en el sentido de que los hechos ocurridos en la tarde del 31 de diciembre de 1998, en los que murieron cinco personas, sólo eran constitutivos de una falta por imprudencia simple. REACCIONES DISPARES La decisión de la juez provocó reacciones dispares entre las acusaciones y las defensas, y así mientras que los familiares de las víctimas han mostrado su satisfacción, asegurando que han vuelto a recuperar "confianza" en la Justicia, los acusados han puesto de manifiesto que solicitarán su absolución al considerar que no han cometido delito ni falta alguna.
En este sentido, la juez deberá ahora dar un plazo a las defensas para que presenten sus escritos de calificación provisional de los hechos, y a continuación el caso será repartido a un juzgado de lo Penal de los de Sevilla para su enjuiciamiento.
Por su parte, las acusaciones particulares han solicitado penas de prisión que oscilan entre los dos años y medio y los tres años, mientras que en el aparado de indemnizaciones han solicitado cuantías que van desde los 510. 860 euros (85 millones) hasta los 961. 619 euros (160 millones), indemnizaciones en las que incluyen lo daños morales y psicológicos que causaron en las familias la muerte de las cinco personas.
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