La Cumbre extraordinaria de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas tendrá los mismos protagonistas que las últimas: la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy. En esta ocasión, ambos líderes han alcanzado ya un acuerdo que presentarán al resto de socios europeos y que, como no tendrán más remedio que aceptar, será una especie de imposición.
El eje de este acuerdo es que, a condición de aumentar la capacidad real del Fondo de Estabilización de la Eurozona (también conocido como Fondo de Rescate) hasta los 440.000 millones de euros nominales que tiene ahora, exigen una batería de reformas de Gobierno económico de la actual Unión Monetaria. Dicho sea de paso, los que más aportan a este fondo son Alemania y Francia, ya que va en función de las cuotas de participación en el capital del Banco Central Europeo (BCE).
Entre las «sugerencias» franco-alemanas está la armonización del mínimo del Impuesto de Sociedades, la creación de unos índices objetivos de medición de la competitividad de los diferentes países, la vinculación de los salarios a la productividad y no a la inflación, nuevos topes para el endeudamiento y un largo etcétera, entre los que se incluyen aumentos de la edad de jubilación o la reforma de las respectivas constituciones para incluir la prohibición de déficits excesivos.
Desde la Comisión Europea -con su presidente, José Manuel Durao Barroso, al frente-, se ha recordado en los últimos días que todas estas propuestas de hecho ya habían sido formuladas por el Ejecutivo comunitario desde el pasado mes de septiembre, cuando se formuló la propuesta para un nuevo Gobierno económico de la UE.
Acuerdo definitivo en marzo
La idea es que en la Cumbre de hoy, en principio convocada para tratar asuntos de energía e innovación, no se tomen decisiones sobre todas estas reformas, sino que sea un primer intercambio de opiniones donde se verá el grado de consenso que tienen las ideas de Merkel y de Sarkozy y que en la próxima Cumbre europea de finales de marzo se alcance un acuerdo definitivo.
Los debates se producen en un escenario de cierta calma en los mercados
Una de las novedades más importantes de todo este conjunto de reformas es que los países que no cumplan con las nuevas normas recibirán sanciones, que pueden ser en forma de multas de hasta el 0,1% de su PIB o de retirada de voto en los Consejo de la Unión Europea, entre otras opciones, hecho al que se negaban hasta hace nada la mayoría de las capitales europeas.
En esta línea de reforma, el Gobierno francés ha empezado a predicar con el ejemplo, ya que ha anunciado que aprobará en los próximos meses una enmienda en su Constitución en la que fijará la reducción del déficit público para los próximos años.
Uno de los inconvenientes que tiene este plan es la cuestión fiscal, ya que, según los Tratados, las decisiones en este campo requieren la unanimidad y de todos es sabido que Irlanda, por ejemplo, ha convertido en una cuestión de Estado el bajo tipo de impuesto de sociedades y que tanta prosperidad económica le trajo en años pasados.
