Piden 15 años de inhabilitación y un año de prisión para el alcalde de Jun por prevaricación y tráfico de influencias

La Fiscalía de Granada ha solicitado 15 años de inhabilitación, unaño de prisión y el pago de una multa de 600. 000 euros para elalcalde de Jun (Granada), Antonio Rodríguez Ruiz, que será juzgado elpróximo otoño por delitos de prevaricación continuada y tráfico deinfluencias, presuntamente cometidos al diseñar «un plan estratégico»para recalificar terrenos propiedad de su familia mediante unaoperación urbanística ilegal, según el escrito de acusación.    Asimismo, ha solicitado nueve años de prisión, 15 años de inhabilitación y el pago de una multa de la misma cantidad para el hijo del primer edil y primer teniente de alcalde, José Antonio Rodríguez Salas, que supuestamente colaboró de forma directa en el plan para beneficiar a los suyos, por lo que se le imputan los mismos cargos que a su padre, así como un delito de falsedad en documento público.    También la esposa del alcalde, otro de sus hijos y su nuera están acusados de participar en la operación «para satisfacer sus intereses particulares», así como el aparejador municipal Alfonso Gómez; los representantes de la empresa promotora Comofesa y de CerámicasAlhambra; varios técnicos de la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta -entre ellos, el ex delegado Pedro Julián Lara- y, así, hasta sumar la cifra de 16 personas.    Según explica el fiscal a lo largo de las casi 40 páginas del escrito, los hechos se remontan a los años 1992 y 1993, un año después de ser elegido alcalde Antonio Rodríguez y primer teniente de alcalde su hijo. La operación se inicia cuando el Ayuntamiento compra en marzo de 1992 a la empresa Comofesa unos terrenos de 8. 000 metros cuadrados -que luego resultaron ser poco más de 6. 000- con el fin de ubicar en ellos «unas instalaciones deportivas».  Sin embargo, «asualmente», estos suelos, que costaron a las arcas municipales 270. 000 euros --más del presupuesto municipal de ese año-- colindaban con varias parcelas que los familiares del alcalde habían comprado con anterioridad en esa zona, por lo que la adquisición de los terrenos se hizo en realidad, según el fiscal,  pensando en su recalificación y el beneficio de sus allegados en lugar de en los intereses del municipio.    La recalificación se consiguió en mayo de 1993, una vez dio elvisto bueno la Comisión Provincial de Urbanismo a la modificaciónpuntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Jun, propuesta por el hijo del alcalde en la misma sesión en la que se acordó la compra a Comofesa y que fue aprobada por el Pleno Municipal en febrero de 1993.    No obstante, no se informó ni al Pleno Municipal ni a la Comisión Provincial de Urbanismo que en el proyecto de modificación estabanincluidas también las parcelas de la familia del alcalde, que aumentarían su valor cuando se urbanizaran los terrenos.    Así, aquellos solares de suelo urbanizable que el Ayuntamiento adquirió para equipamientos deportivos fueron transmitidos a la empresa pública Projunsa y se destinaron a la construcción de 52 Viviendas de Protección Oficial (VPO), convirtiéndose, finalmente, en suelo urbano residencial, sin que el primer edil tuviera que elaborar un Plan Parcial y un Proyecto de Urbanización.    El fiscal ensalza los «perjuicios económicos» que esta operaciónha ocasionado al municipio de Jun y habla de pérdidas millonariasmientras que todas las partes que intervinieron en el proceso sebeneficiaron de una u otra forma.