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Los principales bancos europeos, agrupados bajo el paraguas del Institute of International Finance (IIF), se reunirán hoy en París con urgencia para intentar cambiar los términos de su participación en la operación que, en el caso de las entidades francess, suponía recomprar el 70% de la deuda helena que fuera venciendo durante los próximos 30 años.
Las razones esgrimidas por S&P fueron que los acreedores privados de Grecia estarían obligados a reinvertir el 90% de la inversión, ya que a la recompra de títulos por el 70% se le sumaría otro 20% que se conservaría en concepto de garantía, lo que «técnicamente sería una suspensión de pagos selectiva al reestructurar una parte de la deuda».
La idea expresada por la banca alemana, segunda mayor tenedora de bonos griegos, de que podría seguir los pasos de su homóloga gala ha hecho reaccionar a las agencias de calificación. El borrador del acuerdo de los bancos, con fecha del 24 de junio aunque no se conoció hasta la semana pasada, especifica que el plan está condicionado al compromiso informal de las mencionadas agencias de que no supondrá la rebaja del «rating» de Grecia a la categoría de «default» o impago, con lo que tendrá que ser retocado.
Entre las entidades representadas en la reunión de hoy en París figuran BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC y Société Générale, entre otros. El encuentro, presidido por Charles Dallara, director gerente de IIF, es una continuación de la reunión mantenida hace dos semanas en Roma.
E hecho de que estas reuniones eviten intencionadamente Bruselas, se debe precisamente a que la banca quiere desvincularse de los poderes políticos para dar la idea de que su participación en el rescate de Grecia tiene carácter «voluntario», cosa que está por ver que se crean mercados y agencias de calificación.
Rebaja de «rating»
Y a última hora de la tarde de ayer una de estas agencias, Moody's, rebajó cuatro escalones la calificación de la deuda portuguesa, que pasó de «Baa1» a «Ba2» con perspectiva negativa, lo que sitúa la calificación de los títulos lusos al nivel del «bono basura», debido al creciente riesgo de que la economía lusa necesite un segundo rescate. La agencia cree que el país necesitará una segunda ronda de ayuda antes de que pueda volver a financiarse en los mercados.
Por su parte, el Gobierno alemán se defendió ayer espalda contra espalda en el frente de los mercados y en el de la constitucionalidad, ante el programa de garantías financieras para Grecia. El ministro de Hacienda se vio forzado a responder ante el alto tribunal a las dudas de inconstitucionalidad de juristas y políticos, mientras Angela Merkel rechazaba las críticas de S&P al mecanismo francoalemán de participación del sector privado en el segundo rescate a Grecia.
El ministro Wolfgang Schäuble defendió ante el Tribunal Constitucional la legalidad del fondo para el rescate del euro y el programa de ayudas para Grecia de la UE y el FMI, a resultas de la denuncia presentada por un diputado conservador y cinco profesores universitarios. Schäuble aseguró que en su país «no se toma decisión alguna sobre la estabilización de la eurozona sin la aprobación del Parlamento».
Ello sería válido «tanto para la prolongación de los créditos del Instituto Crediticio para la Reconstrucción de Grecia como para la decisión parlamentaria sobre la ley para el mecanismo de estabilidad» del euro, aseguró. En una apasionada defensa del euro en Karlsruhe esgrimió que «una moneda común no funciona sin la solidaridad de sus socios», pero ésta «debe estar ligada a reglas claras y no limitarse a un simple compromiso de asistencia».
Sentencia en otoño
El Constitucional podría dictar fallo el próximo otoño. Los demandantes, el diputado bávaro Peter Gauweiler y un grupo de juristas y economistas en torno al constitucionalista Karl Albrecht Schachtschneider, estiman que el plan «vulnera de forma evidente» la Constitución y los Tratados de la UE, al violar el derecho ciudadano a participar en la legitimación de esas medidas: «Es preferible reconocer la quiebra» de Grecia a fin de «salvar a Europa».
Por su parte, Angela Merkel rechazó las críticas de S&P a la participación privada en el rescate, subrayando la primacía de la Comisión, el BCE y el FMI a la hora de «enjuiciar» la salida para Grecia, al margen de terceras partes. Las agencias de calificación amenazan con considerar impago el rescate, de confirmarse un canje de bonos por parte de la banca, que se reflejaría en un recorte de su nota de solvencia.
Pero una rebaja temporal y parcial, según Bloomberg, ha de tener un impacto mínimo en la ayuda del BCE, que se ha convertido en único acceso a la liquidez para el sistema financiero griego. Ello permitiría aún margen al banco emisor para seguir aceptando deuda griega en garantía por préstamos, si bien su presidente, Jean-Claude Trichet, ha advertido que no podría seguir aceptando bonos de cualquier país calificados como D, el nivel equivalente al impago.
