Por primera vez en la democracia, el Gobierno declaró ayer el estado de alarma en España, ante la huelga salvaje de los controladores aéreos y para la normalización del servicio público esencial del transporte por aire. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el encargado de anunciar esta medida extraordinaria prevista en la Constitución, que no se había activado ni siquiera con motivo del intento de golpe de Estado de 1981 o tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Con centenares de miles de personas afectadas por el chantaje de los controladores, y sin visos de una rápida solución, el Gobierno optó por la mano dura y la militarización inmediata de ese servicio. Los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasaban a tener consideración de personal militar y quedaban sometidos a la autoridades del Ejército del Aire, así como a las leyes penales y disciplinarias militares.
Según la Ley Orgánica de 1981, el estado de alarma está reservado para catástrofes naturales, crisis sanitarias, situaciones graves de desabastecimiento y paralización de servicios públicos esenciales siempre que «concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones», algo que, en este caso, no se ha producido.
El Gobierno envió el decreto del estado de alarma al Congreso de los Diputados. Su presidente, José Bono, lo trasladó a la Comisión Constitucional, quien lo estudiará la próxima semana para solicitar la documentación y la información que estime procedente. El estado de alarma durará 15 días, y para su prórroga es necesaria la autorización del Congreso.
Tras aplicarse esta medida, el 90 por ciento de los controladores se incorporaron con normalidad a sus puestos de trabajo —bajo supervisión militar— y el espacio aéreo volvió a abrirse por la tarde. El primer vuelo de Barajas partió hacia Tenerife a las 17.40 horas. Poco antes de las siete de la tarde, AENA informaba de que el aeropuerto de Barajas ya estaba operando «a pleno rendimiento». Iberia, por su parte, aclaraba que tenía previsto operar los vuelos de largo radio por la noche, y el resto seguiría cancelado hasta hoy a las 6 de la mañana.
Confusión política
El caos aéreo no logró ocultar ese otro caos político que suele acompañar al Gobierno últimamente en cada una de sus decisiones. Mientras Pérez Rubalcaba trataba de mostrarse rotundo y firme al informar del decreto, al tiempo que admitía la falta de previsión del Gobierno —«nadie podía prever que este colectivo fuera tan insensato», aseguró en rueda de prensa—, una pregunta sin respuesta empezaba a propagarse como la pólvora: ¿Dónde está Zapatero?
Zapatero no ha dado la cara durante toda la crisis
El conflicto de los controladores aéreos ha sido la tercera crisis que ha tenido que afrontar el Gobierno de Zapatero en solo una semana, en la que España ha centrado el interés internacional por su grave situación económica, y de nuevo ha vuelto a reaccionar cuando se ha encontrado entre la espada y la pared, con el agua al cuello. Ya ocurrió al comienzo de la semana, cuando la presión de los mercados sobre la deuda de España obligó al Ejecutivo a anunciar por sorpresa todo un «plan B» de medidas contra la crisis económica, que incluían una rebaja fiscal a las pequeñas y medianas empresas (rechazada hasta ese momento) y la privatización parcial de los aeropuertos de Barajas y El Prat, así como de Loterías y Apuestas del Estado. El «plan B» de Zapatero afecta también a los parados, ya que suprime la prestación de 426 euros para los desempleados de larga duración.
La imagen de debilidad política está adherida al Ejecutivo
A estas alturas de la legislatura, la imagen de debilidad política está adherida con fuerza al Ejecutivo, que paga sus consecuencias y no sale de una dificultad cuando ya está metido en otra aún mayor. El viernes por la tarde se dio de bruces con un problema no resuelto que coleaba desde hacía muchos meses. El pulso entre Fomento y los controladores aéreos se mantenía vivo desde que el Gobierno hizo públicos sus salarios, que tachó de «privilegiados», y anunció cambios en su situación laboral. Cuando el Consejo de Ministros aprobó este viernes por la mañana, justo al comienzo de un puente de cinco días, el decreto-ley donde se fijaban las horas de trabajo anuales de los controladores, éstos se sintieron agredidos y la consecuencia inmediata fue una baja masiva de trabajadores por estrés y ataques de ansiedad, lo que derivó en el cierre del espacio aéreo y un nuevo pulso más enconado todavía, que ha acabado con la militarización del servicio y un inusitado estado de alarma que ha sido noticia de portada en los medios de comunicación de todo el mundo.
Acusaciones cruzadas
La unanimidad a la hora de exigir responsabilidades a los controladores aéreos no ha impedido el rifirrafe político por la gestión del Gobierno de esta nueva crisis que le ha estallado entre las manos. La tormenta política se desató cuando el ministro Blanco criticó a Mariano Rajoy, atrapado en el aeropuerto de Lanzarote, por «esquivar el bulto y ponerse al lado de los controladores». Rajoy había exigido una solución al Gobierno porque la «bofetada a la imagen de España es antológica». Esteban González Pons (PP) también pidió al Gobierno que dijera «la verdad»: «Si sabía lo que podía ocurrir, ¿por qué aprobó un decreto conflictivo para el colectivo de controladores en vísperas del puente más importante del calendario español?».
La respuesta del PSOE fue inmediata. Su secretario de Relaciones Institucionales, Gaspar Zarrías, acusó al PP de ponerse al lado «de los presuntos delincuentes». «Sería bueno que Rajoy y Pons respondieran a una pregunta: ¿qué han tratado con los controladores, de qué han hablado con ellos en las últimas semanas?. Desgraciadamente, me espero lo peor», advirtió.
