IU admite que el PSOE «podía haber parado» los convenios previos al PGOU

EDUARDO BARBA/ ABCSEVILLA. La portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Paula Garvín, aprovechó su comparecencia de ayer de explicación de los puntos aprobados en Junta de Gobierno para

EDUARDO BARBA/ ABC

SEVILLA. La portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Paula Garvín, aprovechó su comparecencia de ayer de explicación de los puntos aprobados en Junta de Gobierno para referirse al informe de la Cámara de Cuentas en torno a los convenios y recalificaciones urbanísticas firmadas entre 1997 y 1999, criticando con vehemencia el «carácter especulativo» del Gobierno local de PP y PA y denunciar que esos acuerdos con diversas empresas propietarias de suelo derivaron en «plusvalías para los poderes económicos de la ciudad» mientras el erario público dejaba de ingresar más de 25 millones de euros, cifra que, en su opinión, dejó de revertir en beneficio de los ciudadanos y que IU ha obtenido tras un pormenorizado cálculo de dichos convenios en el que, eso sí, se obvia el carácter privado de los vendedores y las leyes de libre mercado.

Garvín expuso ese informe, adelantado por este periódico, y denunció que «pese a que todo se acoge a la estricta legalidad y no existen irregularidades, se comprueba que las recalificaciones fueron éticamente reprobables, ya que permitieron ganar muchos millones a unos cuantos». «Comprobamos con satisfacción -dijo- que las denuncias que nuestro grupo hacía ya en aquellos años han resultado fundadas, puesto que se firmaron convenios fomentando la especulación».

Tras acusar a diversas empresas de «obtener enormes plusvalías en unas horas», fue preguntada por los suculentos beneficios logrados en los terrenos de Uralita por Indes, sociedad participada por las cajas de ahorro -con mayoría socialista en sus consejos de administración-, ante lo que recordó que su coalición «siempre estuvo en contra de la especulación y, durante aquella época, en la que también salió adelante el tema de Tablada con las mismas características, tanto Izquierda Unida como el propio PSOE y Comisiones Obreras pidieron el cambio en el organigrama directivo de las cajas, como así sucedió». «No estábamos de acuerdo con esas actividades especulativas a la que se dedicaban las cajas y por eso presionamos para que se modificara la cúpula de las mismas, algo que finalmente ocurrió», señaló.

«Los convenios eran vinculantes»

Se le cuestionó entonces a la portavoz municipal de IU sobre la continuidad y ejecución de esos convenios cuando el PSOE se hizo con el poder a nivel local, y también acerca de la pasividad socialista con esas mismas recalificaciones una vez logrado el mando del Ayuntamiento, ante lo que el director del Observatorio de Control de la Gerencia de Urbanismo, José García Cebrián -que acompañaba a Garvín- disculpó a sus actuales socios de Gobierno aduciendo que «los convenios son como los contratos, son vinculantes, y una vez que se habían firmado había que cumplirlos, existía la obligación de cumplir con las empresas con las que se había firmado».

En este punto, se aludió a la posibilidad de que el PSOE pudiera haber demorado la aprobación de los convenios hasta la revisión del PGOU, opción real pero que no se llevó a efecto. Sobre ello, Garvín fue clara: «El PSOE los podía haber parado, lo podía haber hecho, supongo, aunque gobernando con el PA es difícil...».

Contra «el listillo del blog»

Por otro lado, y en relación a este asunto, la vicesecretaria general del PA, Antonia Agudo, exigió ayer la dimisión del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, al que acusó de ser un «alcalde bajo sospecha. En declaraciones a Europa Press, Agudo señaló que el informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión urbanística del Consistorio bajo dirección andalucista «no sólo deja en evidencia la mezquindad y la incompetencia del listillo del blog», sino que «incluso confirma que se derivaron compensaciones al municipio mayores a las exigibles».

«Esto se llama gestión responsable, frente a la gestión bajo sospecha del gobierno del PSOE en la ciudad de Sevilla», añadió la dirigente andalucista, quien reiteró la petición de la Ejecutiva Nacional a Monteseirín, al que exige que «rectifique y se vaya a su casa».

Para Agudo, «Monteseirín es ahora un alcalde bajo sospecha, porque no ha aclarado bajo qué legalidad entregó 42.000 euros a una treintena de chabolistas para que se buscaran la vida», además de que «está pringado en el escándalo de las facturas falsas de Macarena, con las que contribuyó indirectamente a la financiación de su campaña. Tiene a medio equipo en la cola para declarar en los juzgados».

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